Acusa ministra Lenia Batres de que compañeros ministros no la quieren en la Corte; denuncia complot
El conflicto detonó en sesión pública, durante el análisis de una Contradicción de Criterios asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres la cual los otros ministros rechazaron de manera unánime
Ciudad de México a 13 de agosto del2026.- La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó este jueves a sus compañeros de mantener una “animadversión insana” en su contra. La confrontación, que inició como una discusión estrictamente técnica sobre un proyecto de notificación procesal, escaló hasta convertirse en un reclamo político-presupuestal cuando la ministra sugirió que las críticas a su ponencia eran una represalia por haber denunciado públicamente la restitución de seguros privados de gastos médicos mayores para altos mandos de la Corte, aunque eso no quedó claro durante la sesión sino hasta la publicación posterior de un oficio.
Tras la sesión, Batres publicó en redes sociales un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial de la Federación, donde detalla un incremento presupuestal del 17.2% solicitado por el Poder Judicial para el próximo ejercicio, tachándolo de violatorio de las leyes de austeridad.
El conflicto detonó en sesión pública, durante el análisis de una Contradicción de Criterios asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres. El punto central consistía en dilucidar un aspecto de técnica procesal: si las sentencias dictadas en las audiencias constitucionales de juicios de amparo deben notificarse a las autoridades responsables mediante “oficio” o a través de “lista”.
La propuesta de Batres concluía que la notificación debía realizarse por oficio. Sin embargo, la ministra justificó esta conclusión bajo el argumento de que este medio de notificación se dispone “en beneficio de las funciones del Estado” y de la “función pública”. Asimismo, su proyecto clasificaba las notificaciones de los juzgadores entre “trascendentes” (las cuales ameritarían oficio) y “no trascendentales”.
Esta argumentación desató un rechazo casi unánime en el Pleno. Una tras otra, las ministras y ministros manifestaron su desacuerdo con las consideraciones del proyecto, planteando dos objeciones jurídicas.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía, señalaron que el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional donde rige el principio de igualdad procesal entre el quejoso (ciudadano) y la autoridad responsable. Argumentaron que justificar un trato diferenciado o un “beneficio” para la autoridad por el mero hecho de ejercer una función pública rompe este equilibrio procesal indispensable.
Los ministros Irvin Espinosa Betanzo y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz apuntaron que la solución es mucho más sencilla y se encuentra expresada de forma literal en la ley. Según su interpretación, la Ley de Amparo mandata explícitamente que las notificaciones a las autoridades responsables se harán por oficio, sin distinciones de “trascendencia”. Por ende, calificaron de inoportuno e innecesario crear una jerarquía doctrinal de autos o notificaciones “trascendentes” cuando el texto de la ley es categórico.
