Los legisladores de Morena han convertido las Cámaras en ventanilla de trámite.
Hace apenas unas semanas, una diputada de ese partido reclamó a la consejera jurídica de la Presidencia tal situación.
Se encontraban en una reunión previa al inicio del periodo legislativo y, aprovechando una conferencia de la funcionaria, salió a relucir la inconformidad.
La nomenklatura del régimen no aprecia la legitimidad que se deriva de la fortaleza de las instituciones, el respeto a la ley y el cuidado de las formas.
Los legisladores de la mayoría terminaron convirtiéndose en una cómoda comparsa del poder.
En cualquiera de las sesiones sale a relucir la genuflexión de los representantes populares electos bajo las siglas de Morena.
A la menor provocación, salen cánticos y mantras donde se gritan loas al “jefe máximo”, perdón, al expresidente López Obrador.
Después del informe presidencial —que, por cierto, ha despertado una serie de dudas importantes— y de la llegada a San Lázaro del paquete económico, que, a decir de especialistas, refleja la debilidad de las finanzas del gobierno y los tumbos del proyecto de Morena en la materia, toca el turno de la comparecencia ante los legisladores de los principales funcionarios federales.
En otras naciones, esas comparecencias son determinantes para la vida pública; incluso, décadas atrás, en México tenían una importante connotación.
Las cosas son distintas: la mayoría abdicó de su responsabilidad republicana y cuida, apapacha y mima a quienes debería cuestionar y exigir cuentas.
Incluso, varios miembros del gabinete no acudirán a la sede del Parlamento.
Es el caso de los titulares de Marina, Defensa y Relaciones Exteriores, a los cuales, no obstante la solicitud presentada por la oposición, se les dispensó el trámite.
En mis años como gobernador de Coahuila, no solo acudí al Congreso a entregar los informes de gobierno y dar un mensaje.
También acepté una jornada pública de debate con las y los legisladores; algunos de esos ejercicios se prolongaron por más de diez horas.
Eso no eximía la obligación de los secretarios de comparecer ante las y los diputados.
La experiencia permitía avanzar en la transparencia y dar confianza a los ciudadanos.
Tengo que admitir que, además de los efectos institucionales, el evento servía para evaluar las capacidades políticas de mis subalternos y no pocos de ellos deben sus promociones futuras a los buenos desempeños obtenidos en aquellas jornadas.
En San Lázaro todo es distinto: los presidentes ya no acuden al recinto y, en lugar de una práctica austera, los últimos dos han armado eventos imperiales para adoctrinar a sus huestes y, de pasada, tratar de generar cómodas narrativas.
Al recorrer el país, se cantan cifras alegres y se ocultan datos estrujantes: la población se siente insegura, las carencias en materia de salud crecieron, el déficit no cede, no hay empleo formal y el crecimiento es nulo.
Eso, sin contar que el gobierno vive en quiebra y, para salir adelante, requiere de un gran endeudamiento.
Los eventos son un éxito: los delegados del Bienestar tienen la obligación de llenarlos y garantizar un buen ambiente para la jefa del Ejecutivo; eso incluye silbatinas a los gobernadores de oposición y a uno que otro guinda, como fue el caso de los estruendosos chiflidos a Víctor Castro, el pésimo gobernador de Baja California Sur.
Al país le hace falta reflexión y vida republicana. A Morena le sobra soberbia y a varios secretarios les falta enfrentar al Pleno de San Lázaro y demostrar que tienen madera para sacar al país del hoyo en el cual lo metió López Obrador.
