Piden sancionar a padres, madres o tutores que permitan la participación de menores en actividades delictivas

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, plantea establecer penas de cinco a doce años de prisión, además de multas de 500 a mil 500 días, para madres, padres, tutores o cualquier persona que ejerza legalmente la patria potestad, tutela, guarda o custodia de menores de 18 años, cuando incumplan de manera dolosa con sus deberes de protección y vigilancia.

La iniciativa contempla la creación del Capítulo Noveno “Del incumplimiento de los deberes de cuidado respecto de personas menores de edad”, integrado por los artículos 343 Quinquies al 343 Nonies del Código Penal Federal.

De acuerdo con el proyecto, incurrirán en este delito quienes, teniendo la obligación jurídica de proteger, educar, orientar y procurar el desarrollo integral de una persona menor de edad, permitan, toleren o faciliten su participación en conductas ilícitas.

Asimismo, se castigaría a quienes entreguen, proporcionen o permitan el acceso de menores a armas de fuego, municiones, explosivos, narcóticos, vehículos, recursos económicos u otros medios destinados a facilitar la comisión de delitos graves, entre ellos homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo y tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La propuesta también prevé que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando el responsable obtenga un beneficio económico derivado de la conducta del menor, cuando éste sea incorporado a una organización criminal, exista participación previa en la planeación del delito, intervengan dos o más menores de edad o la conducta se cometa de forma reiterada.

El legislador subrayó que la iniciativa no busca responsabilizar penalmente a madres, padres o tutores por los delitos que cometan los menores, sino sancionar el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas de cuidado cuando exista una conducta dolosa que favorezca su involucramiento en actividades criminales.

Además, el proyecto establece que la responsabilidad penal no podrá presumirse únicamente por el vínculo de parentesco ni por el ejercicio de la patria potestad. Para proceder, el Ministerio Público deberá acreditar plenamente el deber jurídico de cuidado y la conducta dolosa atribuible al imputado.

En caso de existir una sentencia firme contra quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia, se dará vista a las autoridades familiares y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar medidas de protección y, en su caso, la suspensión, limitación o pérdida de esos derechos.

López Ruiz argumentó que actualmente la legislación federal carece de un tipo penal específico que sancione el incumplimiento grave de las responsabilidades parentales cuando éste se convierte en un factor determinante para la incorporación de menores a actividades delictivas.

Con esta reforma, añadió, se pretende reforzar la corresponsabilidad familiar, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales y brindar mayores herramientas legales para su protección integral.