Buscan multar hasta con 4.2 millones de pesos a funerarias que retengan cenizas o documentos por falta de pago

La propuesta contempla adicionar el artículo 65 Quáter y reformar el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo multas que podrían alcanzar los 4 millones 274 mil 960.73 pesos para quienes incurran en dichas prácticas.

Asimismo, la iniciativa busca establecer nuevas obligaciones para los prestadores de servicios funerarios de uso inmediato, entre ellas la entrega de presupuestos desglosados, la obtención del consentimiento expreso para cualquier cargo adicional, el respeto a la libre elección de bienes y servicios opcionales por parte de los usuarios, la exhibición clara de precios y el uso de contratos registrados ante las autoridades correspondientes.

También se plantea que los proveedores informen oportunamente sobre restricciones sanitarias o técnicas relacionadas con los servicios contratados. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones que van desde mil 93.02 pesos hasta más de 4.2 millones de pesos.

Al fundamentar la iniciativa, la legisladora señaló que la contratación de servicios funerarios suele realizarse en circunstancias de duelo, urgencia y alta carga emocional, lo que limita la capacidad de las familias para comparar precios, revisar cláusulas o distinguir entre servicios indispensables y opcionales.

En este contexto, consideró necesario establecer reglas claras y uniformes de información para reducir conflictos y fortalecer la confianza de los consumidores en el sector funerario.

Jiménez Zamora advirtió que, aunque la legislación vigente ya contempla contratos registrados y obligaciones informativas, persisten prácticas que afectan a los usuarios, como presupuestos sin desglose, cobros no autorizados, condicionamiento de servicios básicos a la compra de productos específicos y la retención de cenizas o documentos como garantía de pago.

De aprobarse la reforma, antes de formalizar la contratación los proveedores deberán entregar de manera gratuita un presupuesto por escrito o en formato electrónico que detalle los bienes y servicios incluidos, los conceptos opcionales, los impuestos o derechos pagados a terceros y el costo total del servicio.

La diputada subrayó que la propuesta no elimina las facultades de cobro de las empresas funerarias, ya que éstas podrán exigir el pago conforme a lo pactado en los contratos y utilizar las vías legales correspondientes. Sin embargo, enfatizó que no deben emplearse elementos vinculados a la dignidad de las personas fallecidas ni al proceso de duelo de las familias como mecanismos de presión.

Finalmente, sostuvo que los cambios planteados consisten principalmente en ordenar la presentación de presupuestos, registrar el consentimiento de los usuarios y eliminar prácticas de condicionamiento o retención, medidas que, afirmó, no requieren infraestructura pública adicional. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis y dictamen.