Rubén Moreira Valdez y
Francisco Lezama Pacheco
El presupuesto público debería ser un mecanismo para distribuir con justicia los recursos y fomentar el desarrollo de las regiones.
Pero en la Cuarta Transformación, se ha convertido en un instrumento de control político.
Desde 2019, el Gobierno Federal ha centralizado el gasto, cancelando o recortando programas que daban resultados en los estados y municipios, para redirigirlos a obras faraónicas y programas asistencialistas controlados desde el centro.
Un análisis detallado de las cuentas públicas muestra que 523 programas presupuestarios —relacionados con salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo regional— que antes eran ejercidos en las entidades, desaparecieron en 2024.
Estos programas representaban más de 2.1 billones de pesos, es decir, más del 20% del gasto federal.
Entre ellos destacan el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, diversos fondos rurales y programas de apoyo como el Fondo Metropolitano o el de Infraestructura Estatal y Municipal.
Además, otros 275 programas sobrevivientes fueron severamente recortados, acumulando una pérdida de 402 mil millones de pesos.
Afectaron al campo, a la cultura, a la seguridad pública y a la inversión estatal en infraestructura.
Por ejemplo, de 2015 a 2024 se recortaron más de 60 mil millones al gasto rural y más de 111 mil millones al gasto en infraestructura ejercido por los estados.
Municipios y gobiernos locales han sido los más castigados.
Mientras tanto, la 4T ha destinado más de 1.07 billones de pesos al Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y el Corredor Interoceánico.
Con lo que se ha invertido en estas obras, se pudo haber sostenido durante años la red de carreteras del país o los programas de apoyo a productores del campo.
Se priorizó el espectáculo sobre el bienestar, el centralismo sobre el federalismo.
Esta estrategia no se basa en criterios técnicos ni de eficiencia.
Es una decisión política que busca premiar a aliados, castigar a opositores y concentrar poder.
El presupuesto se convirtió en un mecanismo de castigo y recompensa, no de justicia social.
Al debilitar a los estados y municipios, se debilita la democracia.
Y no se trata solo de una lucha de cifras o competencias institucionales.
Hablamos de escuelas que ya no abren jornada extendida, de caminos que no se rehabilitan, de jóvenes que no reciben apoyo, de policías sin equipamiento.
El centralismo se traduce en abandono.
Incluso crearon el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Pues bien: ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Lo que le han quitado al campo, a las carreteras, a las escuelas y a los municipios debe devolverse. La justicia presupuestaria empieza en casa. Defender el federalismo no es una consigna del pasado, es una necesidad para garantizar un desarrollo equilibrado. El llamado es claro: ¡devuelvan lo que le quitaron al país!
López recuerda los disparates de otro López, aquel seductor de la patria que gozó de igual popularidad.
