El Senado de la República, órgano legislativo que representa el pacto federal, ha asestado el primer golpe para desarticular el federalismo al aprobar la iniciativa de reforma electoral.
Si bien es cierto que acertaron al no permitir la revocación de mandato en la misma jornada electoral, bien pudieron haber detenido este atentado contra el espíritu federalista que ha distinguido a nuestro país desde sus inicios.
Los politólogos coinciden en que el sistema federalista es el más adecuado para países con diversidad territorial, cultural y económica, como es el caso de México, pues permite equilibrar la unidad nacional con las necesidades y particularidades regionales y estatales.
Por definición, el federalismo es un sistema de organización política en el cual el poder de un Estado se encuentra distribuido entre diferentes niveles de gobierno, todos ellos con autonomía y legitimidad propia.
Entrometerse desde la capital del país en la vida interna de municipios y entidades federativas, imponiendo restricciones presupuestales, equivale a desafiar la historia nacional y hacer un guiño peligroso al centralismo.
Con el Partido del Trabajo ya apalabrado, la iniciativa será aprobada sin problema en la Cámara de Diputados, como cámara revisora, y posteriormente se turnará a los congresos locales.
Lo curioso es que, hasta ahora, ningún gobernador, ningún presidente municipal y ningún legislador local ha levantado la voz para indignarse por esta reforma, que resulta regresiva y autoritaria.
En suma, lo que está en juego no es solo una reforma electoral, sino la esencia misma del modelo de distribución de poder que ha dado forma a nuestra república.
Silenciar a las entidades federativas, centralizar decisiones y vaciar de contenido la autonomía municipal no solo contradice el espíritu del federalismo, sino que sienta un precedente peligroso para el equilibrio democrático del país.
Si no hay una reacción firme por parte de los gobiernos estatales y municipales, así como de la ciudadanía organizada, corremos el riesgo de presenciar una peligrosa erosión de uno de los pilares fundamentales de nuestra gobernanza.
