Bere Martínez propone ampliar órdenes de protección a víctimas de lesiones graves
La Vice Coordinadora del Grupo Legislativo de Morena, Bere Martínez, presentó una iniciativa para permitir a las víctimas de lesiones graves acceder a órdenes de protección, aun cuando la agresión no ocurra en un contexto de violencia familiar.
Bere Martínez, destacó que actualmente, las órdenes de protección solo proceden en casos de violencia familiar o hostigamiento sexual, por lo que se plantea que también puedan solicitarse cuando una persona haya sufrido heridas cuya sanación exceda los quince días.
La legisladora local dijo que la reforma propone modificar el artículo 98 Bis del Código Penal para incluir expresamente el delito de lesiones graves como supuesto para solicitar órdenes de protección. En estos casos, la medida se otorgaría únicamente a petición de la víctima y previa valoración del riesgo, garantizando equilibrio procesal.
“Detrás de cada cifra existe una historia. Detrás de cada carpeta de investigación por lesiones, existe una persona que fue golpeada, herida y vulnerada en su integridad física y emocional”, expresó la legisladora.
Martínez explicó que cuando una persona resulta gravemente lesionada existe un riesgo real de que la agresión se repita, por lo que el Estado no debe limitarse a sancionar después del daño, sino prevenir que la violencia escale.
“No basta con castigar cuando el daño ya ocurrió. La función del derecho penal moderno también es prevenir que una agresión inicial termine en una tragedia irreversible”, subrayó.
La diputada local destacó que en Nuevo León los delitos de lesiones dolosas representan un problema importante. Tan solo en 2023 se registraron más de 5 mil 700 casos, y en 2024 la cifra superó los 7 mil.
“Si una agresión ya produjo heridas graves, el riesgo de que vuelva a suceder es latente. Y cuando vuelve a suceder, muchas veces el desenlace es fatal”, afirmó.
Al acudir a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Bere Martínez, destacó que se busca fortalecer la protección preventiva a víctimas de violencia física grave, ampliar el acceso a mecanismos de seguridad inmediata y reforzar el compromiso del Estado con la dignidad, la integridad y la igualdad ante la ley.
“No es justo que dos personas con lesiones de igual gravedad reciban un trato distinto solo por el lugar donde ocurrió la agresión. La ley debe proteger por igual la integridad y la dignidad de todas las personas”, sostuvo.
