Buscan tipificar como delito la gestación subrogada y sancionar a intermediarios, médicos y fedatarios
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, presentó una iniciativa para tipificar y sancionar el delito de explotación reproductiva mediante gestación subrogada, con penas que alcanzarían hasta 25 años de prisión cuando las víctimas sean menores de edad o se configuren circunstancias agravantes.
La propuesta busca reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de castigar a quienes celebren, promuevan, ofrezcan, faciliten, gestionen, publiciten, financien o intermedien acuerdos de gestación subrogada, ya sea de manera directa o a través de terceros, con o sin fines de lucro, dentro o fuera del territorio nacional.
De acuerdo con la iniciativa, las conductas relacionadas con la explotación reproductiva mediante gestación subrogada serían sancionadas con penas de 10 a 20 años de prisión y multas de entre 5 mil y 50 mil días. Las sanciones aumentarían a 15 y hasta 25 años de cárcel, además de multas de entre 10 mil y 75 mil días, cuando la práctica involucre a personas menores de 18 años, personas que no puedan comprender el significado del hecho, o cuando medien engaño, amenazas, coacción, abuso de poder o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica, social o cultural.
Asimismo, se contemplan agravantes cuando participen servidores públicos, cuando los hechos estén vinculados al tráfico de órganos, tejidos o componentes del recién nacido, cuando intervengan grupos de la delincuencia organizada o cuando se prive de la libertad de tránsito a la mujer gestante durante cualquier etapa del proceso.
La iniciativa también prevé sanciones de cinco a 15 años de prisión para quienes, con conocimiento de un acuerdo de gestación subrogada, proporcionen servicios médicos de reproducción asistida, realicen transferencias embrionarias, certifiquen contratos, registren indebidamente a recién nacidos o brinden asesoría jurídica para formalizar este tipo de acuerdos.
En el caso de profesionales, fedatarios públicos o servidores públicos involucrados, además de las sanciones penales se propone la inhabilitación para ejercer sus actividades por un periodo de cinco a 15 años.
El documento define la gestación subrogada como cualquier acuerdo mediante el cual una mujer se compromete a gestar un embrión para entregar al recién nacido a una o varias personas denominadas comitentes o padres de intención, independientemente de que exista o no vínculo genético entre la mujer gestante y el menor.
Además, establece que serán nulos de pleno derecho todos los contratos, convenios o actos jurídicos relacionados con la gestación subrogada, sin posibilidad de convalidación legal.
No obstante, la propuesta señala que la nulidad de dichos acuerdos no afectará los derechos del recién nacido, quien será considerado víctima para efectos de asistencia y protección. También dispone que la filiación deberá determinarse conforme al parto y bajo el principio del interés superior de la niñez.
La iniciativa subraya que las mujeres gestantes que participen en estos acuerdos no serán sujetas a responsabilidad penal y serán reconocidas como víctimas, con derecho a protección, atención médica y psicológica, así como acceso a mecanismos de reparación integral del daño.
En la exposición de motivos, Sandoval Flores sostiene que la gestación por sustitución se ha convertido en una industria transnacional que mercantiliza la reproducción humana. Señala que en México un procedimiento integral de gestación subrogada tiene un costo promedio de 90 mil dólares, de los cuales la mujer gestante recibe entre 9 mil y 10 mil dólares, mientras que las agencias, intermediarios y clínicas captan más del 85 por ciento de los ingresos generados.
La iniciativa, suscrita por integrantes del grupo parlamentario del PT, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
