Denuncia matrimonio ser despojado de terreno de su propiedad sin una orden judicial

Por más de 20 años, el matrimonio conformado por María Guadalupe Salazar Estrada y Jesús Armando Rodríguez Pedraza formó un patrimonio familiar en un predio del Barrio Chapultepec Norte de Ciudad Solidaridad, en Monterrey, hasta el día que fueron despojados violentamente de él.
Sin mediar la orden de un juez, los supuestos dueños del terreno aparecieron en sus vidas y mediante amenazas primero, y después con el apoyo de elementos de Fuerza Civil, los desalojaron de su vivienda sin darles oportunidad siquiera de recuperar documentación personal, ropa u otras pertenencias.
Así, tras vivir horas de terror y angustia, María Guadalupe y Jesús Armando junto a sus hijos, fueron obligados prácticamente a huir por unos días de la ciudad y refugiarse con parientes, hasta en tanto se resuelve su situación jurídica.
Y es que, pese a tener dos décadas de vivir en el terreno por el cual pagaron cuotas mensuales durante 10 años a una asociación civil que afirmaba era la propietaria original, y aun teniendo a su favor una jurisprudencia que valida su propiedad, ahora son acusados del delito de despojo.
“Existe una jurisprudencia que marca que después de 20 años en posesión no se ocupa acreditar siquiera con título de propiedad, ya que opera la prescripción adquisitiva, pero estos supuestos dueños aparecen de improviso y mediante amenazas, la fuerza policial y con denuncias falsas, quieren que mis defendidos se asusten y acepten algún dinero para no seguir peleando sus derechos”, explica el abogado José Ulises Treviño García
Añade que los afectados confiados en que el terreno era de su propiedad de forma legal, obtuvieron el servicio de energía eléctrica mediante contrato con la Comisión Federal de Electricidad desde hace nueve años, además de que su negocio de comidas caseras esta registrado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a fin de poder pagar impuestos y si se requiere, emitir facturas.
“Esta documentación junto con testimoniales diversos avalan el derecho a reclamar como suyo el terreno”, agregó Treviño García.
Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya intervino en este asunto, pero a favor de quienes ordenaron el despojo al colocar lonas, colocadas sobre una cerca colocada en el terreno, donde se acredita la averiguación previa por despojo y otros delitos supuestamente cometidos por Salazar Estrada y Rodríguez Pedraza.
La pareja a su vez promovió ante un Juez de Distrito en Materia Penal un juicio de Amparo indirecto, en contra de la violación a diversos derechos humanos por parte del Gobernador del Estado, el director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León; y como ejecutoras a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el director de Fuerza Civil y el de la Policía Regia; Secretaría de Servicios Primarios del Municipio de Monterrey y de Fomerrey.
En el juicio como actos reclamados se destacan por parte de las autoridades ordenadoras las ordenes Verbal y escrita de Confiscación, destrucción de bienes y destierro de los quejosos sin mediar juicio previo ni procedimiento administrativo conforme a derecho, y la demolición de bardas y delimitantes del terreno que los quejosos han poseído de manera continua y pacífica desde el 2 de enero de 2005.
Y como Garantías Violadas el del Derecho a no ser privado de la propiedad sin juicio previo; derecho a la seguridad jurídica y a no ser molestado en sus bienes sin causa legal; derecho a la justicia y la Prohibición de penas o confiscaciones excesivas.
ENFRENTAR EL TERROR Y LA ANGUSTIA
“Los policías llegaron y nos amenazaron, nos obligaron a salir sin siquiera poder tomar alguna documentación, algo de pertenencias. Vivimos momentos de terror inimaginable al ver que nos sacan a la fuerza de nuestra casa”, relata María Guadalupe Estrada con la voz al borde de las lágrimas.
“Nos quitaron todo por lo que trabajamos durante muchos años, toda nuestra vida estaba ahí y no se vale. No es justo” agrega al recordar la serie de amenazas y hostigamiento que vivió en días previos a que su terreno fuera invadido por patrullas de Fuerza Civil primero, y después por individuos que se pusieron a colocar postes para cercar con alambre de púas su propiedad.
Tras de conseguir el apoyo de la Secretaría de Seguridad municipal de Monterrey que mediante ordenes de restricción obligaron a retirarse a los elementos de FC, una madrugada sin aviso previo alguno, llegaron trascabos, maquinaria de demolición y vehículos de carga pesada, para derribar parte de la vivienda que servía de casa y de negocio para la familia.
“Tenemos miedo de que nos pueda pasar algo, porque no sabemos contra quienes peleamos nuestro terreno, ni quienes sean las personas que desde el gobierno u otras autoridades les permitan hacer este tipo de abusos.
“Solo queremos que nos devuelvan lo que es nuestro. Solo lo que queremos es justicia y se nos deje vivir en paz”, enfatizó María Guadalupe.


