Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de Rocha, Mérida, Díaz y los otros funcionarios activos y retirados, la Fiscalía General de la República negó la petición y la subordinó a la entrega de las evidencias del caso
Ciudad de México a 18 de julio del 2026.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el lunes algún riesgo para su gobierno luego de que dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que controla su misma fuerza política se entregaron en Estados Unidos tras ser acusados por la justicia de ese país de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum dijo estar tranquila al salir al paso a la controversia que se desató el pasado viernes luego de que los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, viajaron a Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades.
“Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina rechazando los comentarios de algunos críticos de su gobierno que sostienen que estaría protegiendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y los otros nueve funcionarios activos y retirados de ese estado que fueron acusados por la fiscalía de Nueva York de narcotráfico y tenencia ilícita de armas.
Pese a que Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de Rocha, Mérida, Díaz y los otros funcionarios activos y retirados, la Fiscalía General de la República negó la petición y la subordinó a la entrega de las evidencias del caso.
Sheinbaum ratificó el lunes la exigencia de pruebas, pero aclaró que esa postura no implica alguna protección para Rocha, dirigente regional del partido gobernante Morena, u otro miembro de esa organización, y sostuvo que en su gobierno “no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco, ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada”.
Sheinbaum informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas de Rocha y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Al respecto la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, dijo en un comunicado que no menciona a los afectados por la medida que el bloqueo de las cuentas se realizó “derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano” tras los señalamientos de las autoridades estadounidenses, pero aclaró que la decisión no implica la acreditación de responsabilidad alguna.
El gobernador de Sinaloa y alcalde de la capital, Juan de Dios Gámez — también del partido Morena— solicitaron a inicios de mes un permiso para separarse temporalmente de los cargos y facilitar las investigaciones.
La fiscalía de Nueva York hizo pública en abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha, Gámez, Mérida, Díaz y otras seis personas entre las que se incluye un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y policías activos y retirados.
En la acusación se los señala por presuntamente desempeñar un papel fundamental para ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
