Mientras escribo estas líneas, la Cámara de Diputados acumula más de 24 horas continuas en un debate que parece interminable, con el objetivo de aprobar la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, consta de 556 páginas.
Hasta este momento, la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido poco más de 70 modificaciones; sin embargo, estas no han sido suficientes para atraer el respaldo del bloque opositor.
Aun así, la aplanadora legislativa de Morena y sus aliados cuenta con los votos necesarios para sacarla adelante.
En una lista interminable de oradores, unos se lanzan acusaciones huecas, mientras otros esgrimen razones sólidas que evidencian los riesgos de la propuesta.
La revisión y autorización, por parte de la CONAGUA, de las más de 360 mil concesiones de agua del país, sumada a la prohibición de transmitirlas entre particulares por venta o por herencia, representa un riesgo significativo para el patrimonio de millones de personas dedicadas a actividades agropecuarias.
En los hechos, esta medida coloca en manos de un funcionario la decisión de permitir o no la continuidad de una concesión, lo que podría afectar gravemente la seguridad jurídica y productiva en el campo mexicano.
No sorprende, entonces, que estas iniciativas hayan detonado movilizaciones de productores en la sede de la Cámara de Diputados y bloqueos en diversas carreteras.
Para miles de familias, el acceso al agua no es un tema político, es la diferencia entre sostener o perder su proyecto de vida.
Legislar para garantizar el derecho humano al agua es, sin duda, una necesidad impostergable.
Pero hacerlo con un propósito de control político es inaceptable. Cualquier reforma de esta magnitud debe sustentarse en estudios técnicos serios, consultas con expertos y, sobre todo, en el diálogo con los propios usuarios de las concesiones.
A esto se suma una contradicción evidente, mientras el gobierno federal enfrenta un enorme déficit fiscal, recorta presupuestos a diversas dependencias, incluyendo al órgano rector del agua. CONAGUA tendrá más tareas, pero menos recursos para cumplirlas.
Los legisladores de Morena insisten en que el agua es propiedad de la nación, no de los particulares.
Tienen razón. Pero conviene recordar que la nación no es el gobierno en turno, ni mucho menos un partido político, por dominante que sea.
