Es un hecho reconocido que todo cambia en este universo: cambiamos las personas, cambian las cosas y cambian incluso los significados de las palabras.
Por ejemplo, la palabra democracia, que hoy vinculamos de manera inmediata a los procesos electorales y a la elección de gobernantes, no siempre significó eso.
En la época del PRI como partido hegemónico, la democracia no se asociaba con procesos electorales competitivos, sino con una forma de vida; era equivalente a “justicia social” y a refrendar las conquistas de la Revolución Mexicana.
Las elecciones eran organizadas y calificadas por el propio Estado, que fungía como juez y parte en la resolución de conflictos postelectorales, cuando éstos se presentaban. En realidad, la mayoría sabía de antemano quiénes serían los triunfadores en los comicios.
Fue hasta la elección de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ante ese nuevo equilibrio político, el viejo régimen se vio obligado a realizar concesiones a la oposición; así se consolidó el IFE, hoy INE.
Al dejar fuera al gobierno de la organización y control de las elecciones, se generaron condiciones de mayor equidad y competencia, lo que eventualmente permitió la alternancia en la Presidencia de la República.
Hoy, el llamado Plan B podría representar el inicio de un retorno a aquel viejo concepto de democracia. Limitar los recursos de operación del INE y de los tribunales electorales equivale, en los hechos, a debilitar esas instituciones. La eventual eliminación o reducción de herramientas como el PREP disminuiría la certeza y confianza en los resultados electorales.
Pero quizá lo más preocupante sea la posibilidad de regresar a una lógica de centralización política, donde las decisiones relevantes, incluida la selección de candidatos, vuelvan a concentrarse en la Ciudad de México.
En ese escenario, la palabra democracia podría redefinirse nuevamente; pasaría de significar competencia electoral y pluralidad, a ser interpretada como la defensa de un proyecto político específico, bajo consignas como “primero los pobres” o la preservación de los principios de la llamada Cuarta Transformación.
Ante ello, surge una pregunta fundamental: ¿dónde quedarían la soberanía de los estados y la autonomía municipal? ¿Cómo se atenderían temas sensibles como los sistemas normativos internos y los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que han sido bandera discursiva del actual régimen?
No se trata únicamente de reformar leyes secundarias. Un cambio de esta magnitud implicaría modificar disposiciones constitucionales, lo que requeriría la aprobación de al menos 17 congresos locales.
Aquí es donde la discusión adquiere su verdadera dimensión: ¿estarán dispuestos los congresos estatales a avalar reformas que podrían reducir sus propios márgenes de acción, sus presupuestos e incluso su representación política?
El calendario también impone presión. Para que estas modificaciones incidan en el proceso electoral de 2027, deberán ser aprobadas y publicadas en los primeros días de junio.
Sin embargo, más allá de los plazos, la cuestión de fondo es otra, no se trata sólo de una reforma administrativa o presupuestal, sino de una redefinición del equilibrio de poder en el país. Lo que está en juego no es únicamente la organización de elecciones, sino la arquitectura misma de la democracia mexicana, el papel de las entidades federativas y la vigencia del federalismo.
En última instancia, la decisión no recaerá únicamente en el poder federal, sino en los estados. Y será ahí, en los congresos locales, donde se pondrá a prueba si México avanza hacia un sistema más centralizado o si, por el contrario, se preserva el equilibrio que garantiza la pluralidad, la competencia política y la autonomía de sus regiones.
