Entre las pruebas enviadas por EU sobre el Gobernador de Sinaloa existe una narconómina
El documento describe un sistema estructurado de sobornos mensuales entregados en efectivo a funcionarios, mediante listas detalladas con montos asignados, lo que correspondería a una “nómina” interna del cártel
México a 30 d abril del 2026.- La acusación presentada el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, detalla un esquema sistemático de corrupción en la entidad con una red de funcionarios y mandos de seguridad presuntamente integrados a una “narconómina” operada por la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El documento, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, incluye al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
La acusación sostiene que la relación entre Rocha Moya y “Los Chapitos” incluyó la intervención directa del grupo criminal en las elecciones de 2021, donde el primero obtuvo la gubernatura. De acuerdo con el expediente, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, habrían ordenado el robo de urnas, la intimidación y el secuestro de opositores, además de operar para asegurar la victoria electoral.
El documento indica que el equipo del entonces candidato proporcionó listas con nombres y direcciones de adversarios políticos, mientras que el día de la elección la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir ante los reportes de violencia en casillas.
También se describen múltiples reuniones entre Rocha Moya y “Los Chapitos”, resguardadas por sicarios armados, en las que se acordó facilitar el tráfico de drogas y permitir el control de las corporaciones de seguridad.
Nombramientos con el aval de “Los Chapitos”
Según la acusación, tras asumir el cargo, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” influyeran en nombramientos clave dentro del gobierno estatal y gobiernos municipales, así como en las instituciones de seguridad.
Entre los casos señalados por la Fiscalía estadounidense, se encuentra el de Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, quien habría sido designado jefe de la Policía de Investigación con aprobación del grupo criminal.
También el del actual senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez, quien fungió como secretario general de Gobierno y, de acuerdo con el pliego de cargos, como enlace directo con el cártel; el exsecretario de Finanzas sinaloenese, Enrique Díaz Vega, habría operado como intermediario financiero y político; y Gerardo Mérida Sánchez, durante su etapa como secretario de Seguridad Pública, habría facilitado la protección de las operaciones ilícitas.
La acusación sostiene que este entramado permitió al grupo criminal consolidar su control sobre la Fiscalía estatal, la Policía Estatal y corporaciones municipales, particularmente en Culiacán.
El documento describe un sistema estructurado de sobornos mensuales entregados en efectivo a funcionarios, mediante listas detalladas con montos asignados, lo que correspondería a una “nómina” interna del cártel.
“El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”, señala la acusación.
Añade que “algunos de los acusados figuraban habitualmente en esta lista porque recibían sobornos mensuales regulares de los Chapitos”. 
El documento detalla los siguientes pagos mensuales:
– Gerardo Mérida Sánchez: más de 100 mil dólares mensuales (más de 1.7 millones de pesos).
– Juan Valenzuela Millán: alrededor de 41 mil dólares mensuales (unos 700 mil pesos) (con registros individuales de pagos por 30 mil pesos).
– Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: aproximadamente 16 mil dólares mensuales cada uno (unos 300 mil pesos).
– Dámaso Castro Zaavedra: cerca de 11 mil dólares mensuales (unos 200 mil pesos).
– Juan de Dios Gámez Mendívil: más de 10 mil dólares mensuales (más de 170 mil pesos).
– José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”: alrededor de 6 mil dólares mensuales (unos 100 mil pesos).
En el caso de Rocha Moya, no se detallan montos, si bien la acusación señala que los beneficios incluyeron apoyo político directo para alcanzar y mantener el cargo, mediante financiamiento, manipulación electoral y acciones contra opositores.
