El pasado 8 de diciembre, The New York Times publicó un artículo de la investigadora María Abi-Habib, especialista en temas de Latinoamérica, en el que afirma que espías rusos operan libremente en territorio mexicano.
El texto, titulado “Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos”, retoma un tema que funcionarios estadounidenses vienen señalando desde hace varios años y al que, desde el sexenio anterior, el gobierno mexicano ha hecho oídos sordos.
Tras la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos expulsó a decenas de diplomáticos rusos que trabajaban en su embajada, entre ellos algunos de los agentes de inteligencia más experimentados de Moscú.
Muchos de ellos quedaron sin un lugar claro a dónde ir, ya que Europa, con sus sistemas de inteligencia altamente desarrollados, los detectaría de inmediato.
La solución de las autoridades rusas fue enviarlos a México, donde —según diversos especialistas consultados por Abi-Habib— el sistema de inteligencia no es tan robusto ni tan eficiente como el estadounidense o el europeo.
En su reportaje, Abi-Habib escribe: “Algunos funcionarios de alto rango del gobierno de Joe Biden expresaron sus preocupaciones a las autoridades mexicanas sobre los esfuerzos de espionaje de Rusia en el país, solo para que sus advertencias cayeran en saco roto, según le dijeron a The New York Times funcionarios y exfuncionarios.
La CIA incluso llegó a compilar una lista de más de una veintena de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero el gobierno mexicano se rehusó a sacarlos del país, dijeron cinco funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.”
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario Omar García Harfuch, quien hoy controla el Centro Nacional de Inteligencia y goza de buena reputación entre las agencias de seguridad estadounidenses, debe prestar atención a este asunto delicado, que podría profundizar el distanciamiento en la relación bilateral.
Si el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles por prácticamente cualquier motivo, como el reciente amago por el presunto incumplimiento en el pago de agua establecido en el tratado de 1944, es fácil imaginar la dimensión de la presión que ejercería si exigiera la expulsión de los agentes rusos que operan bajo cobertura diplomática en México.
Ante este escenario, es indispensable que el gobierno mexicano calcule con seriedad los riesgos de mantener en el país a estos supuestos diplomáticos rusos que realizan tareas de espionaje contra nuestro principal socio comercial y nuestro vecino más poderoso.
El gobierno de México no puede darse el lujo de ignorar estas señales de alarma.
