loader-image
1:11 AM, Jul 16, 2025
Noticias

Familia de Gobernadora de BC está embarrada en huchicoleo, lavado y evasión fiscal

Familia de Gobernadora de BC está embarrada en huchicoleo, lavado y evasión fiscal
  • Publishedmayo 19, 2025

 Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres, están siendo investigados por autoridades de México y Estados Unidos

 

 

Tijuana a 19 de mayo del 2025.- La directora general del Semanario Zeta Tijuana, Adela Navarro, aseguró que Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres, están siendo investigados por autoridades de México y Estados Unidos por su presunta participación en delitos como ‘huachicoleo’, evasión fiscal y lavado de dinero.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Navarro detalló que la investigación publicada por Zeta el pasado viernes se originó tras la divulgación pública de que a la gobernadora y a su esposo les habían sido revocadas sus visas estadounidenses.

Al consultar con autoridades del Departamento de Estado y la Fiscalía General de la República (FGR), el equipo del medio corroboró que existen dos carpetas de investigación activas, una en cada país.

En Estados Unidos, la indagatoria contra Carlos Torres Torres se realizaría por conspiración para cometer delitos y lavado de dinero. En México, la FGR lo investigaría por un caso de tráfico ilegal de diésel desde Texas, descubierto el 26 de marzo en Ensenada, Baja California, donde fueron asegurados contenedores con casi ocho millones de litros de combustible.

Durante la investigación federal en México, un testigo señaló directamente a Carlos y Luis Alfonso Torres Torres como partícipes en el esquema ilícito, en específico en las aduanas. El cuñado de la gobernadora fue administrador de la aduana de Tijuana en el sexenio de Felipe Calderón y ambos tienen antecedentes en cargos públicos durante gobiernos panistas.

Según la indagatoria, el combustible ingresaba de manera ilegal a través de la aduana de Ensenada. En el expediente se detalla que agentes aduanales lo registraban como desecho, aceite o incluso agua, permitiendo así su entrada sin pagar los impuestos correspondientes, lo que constituye un presunto delito de evasión fiscal.