La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató al exagente del FBI, Juan Sandoval, como consultor estratégico Lon el objetivo de averiguar si enfrenta indagatorias federales en Estados Unidos y gestionar la restitución de su visa
Ciudad de México a 26 de julio del 2026.- El periodista y columnista Héctor de Mauleón reveló este 27 de julio una nueva grabación y capturas de pantalla que añaden un elemento inédito al escándalo político que envuelve a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En esta reciente filtración, se expone la identidad de un presunto exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a quien la mandataria estatal habría contratado como asesor principal.
El personaje en cuestión fue identificado como Juan Sandoval, un consultor con base de operaciones en San Diego, California, y ampliamente conocido en la región de la frontera norte. De acuerdo con la información divulgada en el diario El Universal, los servicios de asesoría de este exfuncionario estadounidense tendrían un costo aproximado de 300 mil dólares, cifra que subraya la magnitud de las gestiones legales requeridas por la gobernadora.
Las pruebas presentadas incluyen conversaciones de WhatsApp donde uno de los intermediarios cuestiona a la mandataria sobre la identidad de su asesor. Ante la interrogante, Ávila Olmeda responde de manera directa: «Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté», confirmando así el vínculo profesional previo a sus contactos con otros supuestos enlaces estadounidenses.
Según la información revelada por el columnista, Sandoval se coordinó con Michael Nadler, abogado de la mandataria estatal con sede en Miami, Florida, especialista en delitos de cuello blanco y exfiscal del Distrito Sur de ese estado, y se llevaron a cabo tres reuniones presenciales con agentes estadounidenses para tratar el asunto e iniciar el proceso de cooperación de la gobernadora. Durante uno de esos contactos, a Ávila Olmeda se le propuso entregar al Gobierno de EE.UU. una “proffer letter”, acuerdo escrito mediante el cual se comprometería a proporcionar información que las autoridades de ese país no utilizarían directamente en su contra.
El 20 de julio de 2026, el semanario ZETA de Tijuana confirmó que un investigador estadounidense sostuvo reuniones en tres ocasiones con la mandataria y que, según ese medio, “la gobernadora no les ha dado lo que ellos quieren que les dé”.
Las revelaciones contradicen la versión que la propia gobernadora ha sostenido públicamente. Ávila Olmeda declaró que cayó en una trampa tendida por su antecesor y adversario político, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, y que los “agentes o intermediarios” con los que conversó en los cuatro audios previamente difundidos —ante quienes expresó disposición a cooperar con el Gobierno de EE.UU. y a compartir lo escuchado en las mesas de seguridad que encabeza— eran impostores.
Las capturas de pantalla, señaló De Mauleón, prueban que antes de esa supuesta trampa la mandataria ya había tocado puertas para negociar con Estados Unidos y mantuvo abiertas opciones para alcanzar un acuerdo.
