Indagan posibles operaciones inmobiliarias del Gobernador por juicio político; Secretarios no responden
La Presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, Armida Serrato Flores, informó que, como parte de la investigación derivada del procedimiento de juicio político contra el Gobernador Samuel García por presunta triangulación de recursos, se ha solicitado información a las 163 notarías públicas en el Estado, al tiempo que acusó que los Secretarios estatales no han respondido los requerimientos de información en este caso.
La legisladora explicó que la Comisión comenzó el envío de oficios a los notarios con el propósito de verificar si existen actos jurídicos relacionados con la adquisición o protocolización de bienes inmuebles que no hayan sido registrados o que aún no aparezcan en la información del Instituto Registral y Catastral del Estado.
“Empezamos a enviar el pasado viernes 163 oficios a las notarías del estado de Nuevo León en toda su zona metropolitana de Monterrey, para efecto de poder saber qué propiedades pudo haber obtenido el Gobernador del Estado y su familia, y que no haya agotado el proceso de protocolización, es decir, que haya tenido un registro ante el notario, que se haya registrado obviamente esta propiedad y que no haya llegado al Instituto Registral y Catastral”, comunicó.
“Para tener toda la información, tanto del Estado, tanto el SAT, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ahora de los notarios”, recalcó.
Serrato Flores informó, además, que el pasado viernes venció el plazo para que la mayoría de las 69 dependencias estatales respondieran los requerimientos de información emitidos por la Comisión Anticorrupción; sin embargo, ninguna de las secretarías dio contestación.
“A partir del día de hoy, más tardar mañana, voy a continuar enviándoles recordatorios a los Secretarios de Estado, dándoles prácticamente esta segunda oportunidad de contestar la información que se le solicitó porque de lo contrario, serían sujetos a juicio político y también a responsabilidades administrativas”, subrayó.
Ante esta situación, la Diputada manifestó su extrañeza por un oficio firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Héctor Mateos Urbina, mediante el cual pretende centralizar las solicitudes de información dirigidas a las dependencias estatales, pese a no tener facultades para ello.
“Por si no les quedó claro a los Secretarios, ahora con este segundo oficio recordatorio les voy a dejar claro cuáles son esas causales o esas sanciones a las cuales tendrían que responder”, reiteró.
La legisladora recordó el antecedente de que las Secretarías ya han respondido a la Comisión Anticorrupción en otros procesos de juicio político que siguen abiertos, por lo que la Comisión continuará con el desahogo de las diligencias hasta integrar el expediente correspondiente lo que podría tardar aproximadamente una semana más.
