Jesús Elizondo exhorta a combatir la violencia patrimonial contra los adultos mayores
El diputado local presentó ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto que fue aprobado por unanimidad a los titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF) y del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, para que en el ámbito de sus atribuciones, y en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, elaboren y publiquen un diagnóstico estatal sobre incidencia de violencia patrimonial contra personas adultas mayores.
Asimismo, se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los mecanismos de denuncia señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la atención accesible e inmediata de la violencia contra las personas adultas mayores.
A su vez, se exhorta a las personas titulares de la Secretaría General de Gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones, y en colaboración con el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, emitan recomendaciones a las y los notarios públicos para la detección temprana de abusos y asesoría jurídica gratuita para las personas adultas mayores, especialmente en actos relacionados con el otorgamiento de poderes, donaciones, transferencias patrimoniales y contratos de compraventa de inmuebles.
La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato en el último año, siendo el abuso financiero uno de los más frecuentes y menos denunciados.
El legislador señaló que dentro de su distrito en Guadalupe ha presenciado cómo familiares cercanos aprovechan la vulnerabilidad para despojar a adultos mayores del patrimonio construido durante toda una vida, es por ello que el Estado no puede ser omiso cuando la dignidad de nuestros adultos mayores está en riesgo.
«En el distrito que me toca representar, se han presentado diversos casos donde familiares administran sin consentimiento pensiones o apoyos sociales, se presiona para firmar cesiones de propiedad, se despoja de vivienda y se ejerce manipulación psicológica para obtener beneficios económicos abusando de la indefension y vejez de las personas adultas mayores».
La violencia patrimonial no solo afecta bienes materiales; compromete la seguridad, autonomía y dignidad de las personas adultas mayores, que es muchas veces perpetrada por familiares o personas cercanas, lo que incrementa la dificultad de denuncia.
“El Estado no puede ser omiso cuando la dignidad de nuestros adultos mayores está en riesgo.” Concluyó el legislador.
