La elección presidencial de 1976 fue excepcional.
En protesta por la falta de condiciones democráticas en México, los partidos de oposición decidieron no presentar candidatos, pues no contaban con garantías para competir en una contienda equitativa.
Fue una elección de candidato único, el Lic. José López Portillo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
Esta situación generó una profunda preocupación, ya que la figura del candidato único era característica de regímenes de partido hegemónico o de corte socialista, no de una democracia plural.
Con un solo voto habría bastado para que López Portillo resultara electo; sin embargo, el sistema político necesitaba mostrar fortaleza y legitimidad.
Obtuvo poco más de 16 millones de sufragios. Aun así, la crisis política que se avecinaba exigía acciones de fondo.
Fue entonces cuando Jesús Reyes Heroles, tras un proceso de diálogo con diversas fuerzas políticas, elaboró el proyecto de reforma política más importante del siglo XX.
Dicha reforma reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público —incluido el entonces clandestino Partido Comunista Mexicano—, introdujo el sistema de representación proporcional y garantizó el acceso equitativo a los medios de comunicación.
A partir de esa reforma, los partidos de oposición se convirtieron en protagonistas de la vida democrática y comenzaron a exigir nuevas modificaciones legales para mejorar las condiciones de competencia.
Ese proceso derivó, años más tarde, en la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), así como en reglas más claras sobre el financiamiento de los partidos.
Por primera vez en la elección intermedia del sexenio de Ernesto Zedillo, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados; y en el año 2000 perdió también la Presidencia de la República.
Casi dos décadas después, la izquierda llegó a la Presidencia de la mano de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, con mayoría en ambas cámaras, ha impulsado una reforma electoral que, a juicio de sus críticos, podría significar un retroceso respecto de los avances logrados desde la oposición, regresando a esquemas que concentraban el poder y relegaban a las minorías.
Entre los puntos más controvertidos de la propuesta presidencial destaca el debilitamiento del INE mediante una reducción significativa de su presupuesto; la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que podría generar mayor incertidumbre en la difusión oportuna de resultados; y la eliminación de los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), cuya operación se limitaría a periodos electorales.
Esto impactaría el servicio profesional de carrera que ha costado décadas consolidar en las autoridades electorales.
Asimismo, la reducción de recursos a los tribunales electorales podría dificultar el acceso a la justicia, especialmente en un contexto en el que cada proceso registra un mayor número de impugnaciones.
La iniciativa también propone modificar el sistema de representación proporcional.
De los 200 diputados plurinominales actuales, 97 corresponderían a quienes obtengan los mejores segundos lugares en los 300 distritos de mayoría relativa; 95 serían electos mediante listas votadas en cada una de las cinco circunscripciones, cada ciudadano votaría por un hombre y una mujer de la lista y ocho serían representantes de mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, se plantea eliminar 32 senadores plurinominales.
Esta medida ha sido vista por algunos como congruente con la naturaleza federal de la Cámara Alta, que busca garantizar la representación equilibrada de las entidades federativas.
La propuesta incluye, además, la reducción del gasto en la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales; la disminución radical del número de regidores; y medidas para combatir la desinformación en campañas.
No obstante, aún queda por ver cómo se traducirían estas reformas constitucionales en la legislación secundaria y cuáles serían sus efectos concretos en la operación del sistema electoral.
En suma, la historia reciente demuestra que las reformas electorales en México han sido producto de crisis y negociaciones que ampliaron la competencia y fortalecieron la pluralidad.
Cualquier modificación al sistema debe evaluarse a la luz de esa experiencia, no solo por su viabilidad técnica o su impacto presupuestal, sino por su capacidad para preservar la confianza ciudadana y garantizar elecciones libres y equitativas.
El verdadero desafío no es reformar por reformar, sino asegurar que cada cambio contribuya a consolidar la democracia mexicana; pero esta contrarreforma tiene un claro propósito, el de fortalecer al partido en el poder y reducir a la oposición a su mínima expresión.
