Nadie duda de que la organización que nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial vive una crisis; varios de sus miembros están decididos a incendiar el planeta.
Los pretextos son lo de menos para iniciar una guerra; es más, ni siquiera imaginación se necesita y mucho menos hay que tener motivos ciertos.
Al agresor le basta asegurar que existe un peligro para la paz o una amenaza para sus intereses, y con ello desatar un bombardeo.
La guerra la empezó un fanático que se sentía de una raza superior, y costó entre 70 y 85 millones de vidas, la mayoría civiles; el número incluye las hambrunas, bombardeos generalizados y el holocausto.
Si uno hace caso a Hollywood, la guerra la ganaron los americanos, que de paso salvaron a franceses y británicos.
Lo cierto es que, de no ser por los soviéticos, la historia muy seguramente sería distinta; a ellos les tocó soportar el mayor peso de la conflagración y llegar a Berlín.
Las operaciones en el Pacífico tuvieron otra ruta y terminaron con las bombas nucleares.
Ese final, por cierto, truncó la intención de los rusos de meterse en esa parte de la guerra.
Ante tal matazón y la inminente separación del mundo en dos bloques, se pensó en una nueva versión de la Sociedad de las Naciones.
En términos generales, floreció el derecho internacional y, a empujones, se construyó un endeble, pero esperanzador, nuevo orden de relaciones entre los países.
En esa lógica surgieron organizaciones con temas de interés planetario, desde las encaminadas a la defensa de los derechos humanos hasta las de medioambiente, al igual que tribunales internacionales y múltiples espacios de colaboración.
El problema es que el éxito de una práctica jurídica planetaria se sustenta en la igualdad de los sujetos y en el convencimiento de que en la paz también hay prosperidad.
Sin embargo, otra es la realidad y hace poco se oyó decir a un poderoso líder: “Esto es la ley del más fuerte”.
En medio de todo lo anterior, la Asamblea General de la ONU, en su octagésimo período de sesiones, votó por mayoría la “Declaración sobre la Calificación de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más Grave”.
Los promoventes de la resolución fueron países africanos y del Caribe, además de Venezuela; fue votado en contra por tres países: Estados Unidos, Israel y Argentina, y hubo cerca de cincuenta abstenciones.
En el texto no salen bien librados varios actores históricos, entre ellos la Iglesia católica, los neerlandeses y, por supuesto, los vecinos del norte.
Hay que recordar que una buena parte de la prosperidad de estos últimos se fundó en la explotación tardía de esclavos.
Incluso la apropiación de Texas se relaciona en buena medida con ese tema.
La práctica de la explotación esclava generó grandes fortunas y era generalizada.
Varios de los padres fundadores, entre ellos Jefferson y Washington, eran feroces negreros.
Incluso después de la abolición, la Corte determinó que el gobierno no podía discriminar, pero que esa prohibición no alcanzaba a los particulares.
El cambio de actitud vino hasta los recientes años sesenta del siglo pasado con la Civil Rights Act de 1964 y la VotingRights Act de 1965.
En la resolución hay condenas que tienen un notorio significado, en especial las de los numerales 8, 9 y 10, donde se habla de disculpas, reparación e indemnización.
Allí está la razón por la que votaron en contra algunos Estados.
