Los citricultores michoacanos denunciaron que el crimen organizado recauda al año 3 mil 600 millones de pesos por concepto de extorsión, cifra que revela el poder de los cárteles y la capacidad económica que acumulan.
A lo anterior se agrega lo que “pagan” quienes cultivan berries y aguacate, además de los comerciantes y prestadores de servicios.
Ni el gobierno federal ni el local existen en amplias zonas del país; Michoacán y, en particular, Tierra Caliente, es un claro ejemplo.
Entre las víctimas de extorsión también se incluye a las autoridades municipales, que son obligadas a trasvasar presupuesto a los delincuentes.
Un funcionario municipal de esos lugares, palabras más,palabras menos, me dijo: “Saben cuándo llegan las participaciones; ellos disponen qué obras se van a realizar y ellos las ejecutan. Hasta arreglan a los auditores”.
Un empresario productor textil se quejó: “Pago piso por cada prenda que sale de la fábrica, son peores que ‘Hacienda’, saben exactamente lo que embarco, me tienen infiltrado”.
Estas historias son cosa de todos los días.
No obedecer significa ser «tableado” o asesinado.
La represión puede incluir la tortura, el secuestro y la destrucción de las mercancías o los negocios.
Todo el país lo sabe y temo que se empieza a ver como natural e irremediable.
En términos reales, todos somos afectados por la extorsión, y es que la práctica delictiva tiene efectos en el precio de innumerables productos a los cuales se les trasladó el costo de la “cuota” o “el piso”.
Es la narcoinflación.
Existen múltiples ejemplos de que no hay consecuencias para “el sujeto activo”, como le dicen los M.P. a los “malandros”.
Sin embargo, no es solo falta de justicia: también la opinión pública olvida pronto los homicidios o atentados a la propiedad.
Hace un año fue asesinado el alcalde de Chilpancingo y no se sabe de la captura de los responsables intelectuales o materiales; igual pasó con el crimen de una valiente empresaria de Baja California que, en defensa de sus agremiados, había reclamado a la autoridad su inacción.
La lista de víctimas es larga y todos los días se incrementa.
En las redes vimos a una maestra hincada y rodeada por sicarios; la maestra luego fue encontrada muerta.
Igual nos enteramos del homicidio de un joven líder limonero de Michoacán y de otro veracruzano que encabezaba a los naranjeros.
Los estados donde suceden estos ilícitos tienen una característica: gobernadores ineptos.
A la Cámara de Diputados llegó una iniciativa para “prevenir y castigar” la extorsión.
Bajo el muy mexicano principio de “peor es nada”, se votó en sus términos y perdimos la oportunidad de tener un buen instrumento jurídico.
No soy aguafiestas, pero las leyes de poco sirven con gobernantes ineptos y omisos como los de Veracruz, Guerrero y Michoacán.
