No soy partidario de la violencia, sino del Estado de derecho. Aunque el CJNG, comandado por “El Mencho”, sea responsable de que cientos, o quizá miles, de personas hayan perdido la vida por sus actividades delictivas, su abatimiento, junto con integrantes de su escolta, no es un hecho que deba celebrarse con ligereza, sino analizarse con rigor.
El CJNG creció rápidamente en los últimos diez años, especialmente durante el periodo de la fallida política de “abrazos, no balazos”.
El Gobierno anterior intentó vender la idea de que, desde el primer día de su gestión, los narcoterroristas dejarían las armas para subir a un tractor y trabajar la tierra.
La realidad fue distinta.
Esta organización criminal tiene presencia en las 32 entidades federativas de México y en otros 40 países, según señala Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad.
A diferencia de otros líderes, este personaje supo expandir el territorio y diversificar las actividades ilícitas.
Cuando Estados Unidos cerró la frontera durante la pandemia, la organización cooptó a pequeñas pandillas en todo el país para intensificar la extorsión y el cobro de piso.
Se asoció con el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato para extender el robo de combustible (huachicol) y se involucró en el tráfico de personas en Chiapas, por mencionar algunos ejemplos; todo esto sumado al control del puerto de Manzanillo para recibir los precursores químicos destinados a la fabricación del fentanilo que envían a Estados Unidos.
A pesar de tener a más de 30 mil personas trabajando para el cártel, su líder mantuvo un perfil bajo, sin exponerse en lugares de lujo como solían hacerlo los cabecillas de otras mafias.
Fue un ex policía que escaló desde los campos del aguacate en Michoacán hasta la cúspide de la lista de los más buscados de la DEA, transformando un grupo regional en una maquinaria de guerra identificada por las cuatro letras que hoy siguen resonando con temor en todo el país.
La reacción de los lugartenientes ante su caída fue impresionante: más de la mitad de los estados sufrieron bloqueos con vehículos incendiados como demostración de poderío.
Al menos siete entidades suspendieron clases en todos los niveles y las oficinas públicas permanecieron cerradas el lunes 23 de febrero.
Sin embargo, en su abrupta y violenta reacción, el cártel no advirtió que las áreas de seguridad e inteligencia, tanto nacionales como norteamericanas, lograron identificar con precisión los puntos críticos en los que sus sicarios mantiene una importante presencia.
¿Qué sigue? ¿Surgirá un liderazgo fuerte que aglutine el imperio que construyó o se fragmentará en nuevas células que se repartirán el territorio?
Eso está por verse.
Sin duda, este golpe representa un éxito para el sistema de seguridad de la administración actual, pero no debe quedar como un hecho aislado.
La verdadera victoria no es la eliminación de una cabeza, sino el desmantelamiento de la estructura financiera y logística que permite que estas “franquicias” operen.
Solo mediante una planeación sólida que recupere el control territorial y reduzca la impunidad, regresará la confianza de los inversionistas y, lo más importante, la paz social a las familias mexicanas.
