La democracia mexicana es, sin duda, imperfecta.
Las normas que regulan nuestros procesos electorales aún requieren ajustes para garantizar una equidad plena en las contiendas.
Sin embargo, no toda reforma es sinónimo de progreso.
Si bien es necesario actualizar nuestro marco legal, la iniciativa impulsada desde la Presidencia de la República, a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se perfila más como una contrarreforma ya que lejos de fortalecer el sistema, parece diseñada para debilitar la equidad y consolidar la hegemonía del partido en el gobierno.
Es paradójico que las reformas electorales implementadas desde finales del siglo pasado permitieron una transición democrática pacífica, facilitando la alternancia entre el PRI, el PAN y, finalmente, Morena.
Hoy, el partido que alcanzó el poder gracias a esas reglas busca revertirlas, poniendo en riesgo conquistas democráticas construidas a lo largo de tres décadas.
Recientemente, se ha planteado la necesidad de fortalecer la fiscalización y la consolidación del Instituto Nacional Electoral (INE).
No obstante, el discurso oficial ha mostrado tintes preocupantes.
Afirmar que el INE no debe gozar de autonomía, sino únicamente de «independencia», resulta una contradicción conceptual que ignora que la autonomía es, precisamente, la garantía constitucional de dicha independencia.
Uno de los puntos más críticos es la propuesta de elegir a los consejeros electorales mediante voto popular.
Esto no democratiza la institución; la politiza y la partidiza.
El Consejo General debe integrarse por perfiles técnicos y especializados que garanticen imparcialidad, no por figuras que deban su puesto a campañas políticas o estructuras partidistas.
Por otro lado, bajo el argumento de reducir costos, la iniciativa propone eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales.
Esta medida reduciría la representación de las minorías y la pluralidad política, amenazando la existencia de la oposición en el Congreso.
Asimismo, la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales, pondría en jaque la operatividad de los comicios locales, especialmente ante el complejo panorama de 2027, donde se renovarán la Cámara de Diputados, 19 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, como es el caso de Nuevo León, además de enfrentar procesos inéditos como la elección judicial y la revocación de mandato.
México sí necesita una reforma, pero una que fortalezca al INE en lugar de arrebatarle su autonomía.
Una reforma que erradique la sobre y subrepresentación, mejore la fiscalización para evitar el financiamiento ilegal y modernice el sistema mediante el voto electrónico, el voto postal y el voto anticipado.
Como señaló el escritor Héctor Aguilar Camín, parece que quienes se beneficiaron de las reformas democratizadoras hoy intentan «quitar la escalera» por la que subieron al poder.
La pregunta fundamental es: ¿queremos una reforma que perfeccione nuestra democracia o una que, bajo el pretexto de la austeridad, siente las bases de un nuevo autoritarismo?
