La FGR informa que los exmarinos “contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Ojeda Durán” titular de la Semar. La acusación aparece dentro del contexto del asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima
México 12 de mayo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en documentos judiciales que el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, investigados por presuntamente encabezar una red de “huachicol fiscal” en aduanas del País, contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La información forma parte de una solicitud de orden de aprehensión presentada por la FGR contra 15 empresarios, agentes aduanales y apoderados relacionados con la investigación.
El documento fue retomado en reportes periodísticos y también incluye referencias al asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024. La propia Fiscalía sostiene que el crimen habría tenido como finalidad impedir que se hicieran públicas denuncias relacionadas con la operación de los Farías Laguna.
Aunque la FGR menciona a Rafael Ojeda Durán dentro de la narrativa del caso, el ex Secretario de Marina no aparece como imputado en esta carpeta de investigación. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el pasado 19 de febrero que no existe una línea de investigación abierta contra el ex funcionario por el caso relacionado con sus sobrinos.
La FGR escribió en su solicitud que los involucrados “contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces Almirante Rafael Ojeda Durán”.
La acusación aparece dentro del contexto del asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.
Según la Fiscalía, antes de ser asesinado, el mando naval sostuvo reuniones relacionadas con información sensible sobre la estructura que presuntamente operaba el contrabando de combustibles en aduanas marítimas.
La Fiscalía sostiene que Guerrero Alcántar habría compartido información sensible con personal de la Secretaría de Marina antes de su muerte.
En el documento judicial se menciona que el Contralmirante informó previamente sobre su periodo vacacional y los lugares donde permanecería, incluyendo Manzanillo y Mazatlán.
La FGR afirma que esa información “sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina”, por lo que considera que eso facilitó su ubicación y posterior asesinato.
Dentro del expediente judicial, la Fiscalía sostiene:
“Dicha información sólo era del conocimiento de personal de la Secretaría de Marina, circunstancia que facilitó su ubicación y posterior ejecución”.
La dependencia también asegura que el objetivo habría sido “silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional” relacionada con la red de huachicol fiscal.
