El pasado 25 de enero, los habitantes de Salamanca vivieron un domingo de terror y sangre.
Un grupo del crimen organizado abrió fuego contra jugadores y público en un partido de futbol amateur, dejando un saldo de 11 personas muertas y 12 heridas.
Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos del país debido a la lucha constante entre cárteles que se disputan el control del huachicol extraído de la refinería de Salamanca.
Este lamentable hecho se suma a los episodios de violencia que desde hace décadas se repiten en el territorio nacional, así como a la desaparición de miles de personas cada año.
Lamentablemente, el área de seguridad encabezada por Omar García Harfuch no ha logrado prevenir estos hechos violentos, aunque sí se ha observado un avance en comparación con el sexenio anterior en el combate al crimen organizado.
Sin embargo, resulta aún más preocupante que como sociedad estemos normalizando una violencia que no cesa en diversos estados del país.
Este ataque se añade a una larga lista de hechos violentos en un estado atrapado entre la disputa criminal y la debilidad institucional.
Salamanca se convierte así en otro símbolo del costo humano que deja la guerra por el control del huachicol.
Detrás de cada muerte hay historias truncadas, familias rotas y una comunidad marcada para siempre.
