Algo turbio sucede en la Secretaría de Educación Pública cuando un funcionario de segundo nivel decide atrincherarse en su oficina, convirtiéndola en su “bunker” personal tras la solicitud de renuncia por parte de su jefe, el Secretario de Educación Pública.
Se trata de Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos, quien además es el responsable de los nuevos libros de texto que tantas críticas han cosechado, tanto por su contenido ideológico como por los errores gramaticales. Es el mismo personaje que, en su momento, declaró que “leer por placer es un acto de consumismo capitalista”.
Este controvertido funcionario se niega a ser removido de su puesto público, pagado con recursos públicos. Incluso ha rechazado la oferta de una salida diplomática en la Embajada de México en Costa Rica, lo que ya es un exceso, porque se ve él mismo como el guardián de la ideología lopezobradorista en materia educativa, frente a lo que percibe como una tentativa de moderación por parte del titular de la SEP.
Para entender el atrincheramiento de Arriaga, es preciso alejarse de la lógica administrativa y entrar en la de los símbolos. Arriaga no se ve a sí mismo como un empleado público sujeto a un contrato o a una jerarquía en el organigrama, sino, como ya lo mencioné, como custodio de la verdad ideológica de la 4T.
En su narrativa personal, la solicitud de su renuncia no es un relevo institucional de rutina, sino una traición al proyecto educativo que ayudó a crear.
Este enfoque psicológico revela a un personaje que confunde la lealtad a una causa, con el derecho de propiedad sobre una oficina pública. Es el síndrome de quien se considera indispensable y cree que, sin él, el proyecto lopezobradorista colapsará. Así, disfraza su insubordinación de “virtud moral”, permitiéndole ignorar la cadena de mando sin sentir culpa, convencido de que su misión personal está por encima de la ley.
Será revelador observar la reacción del Secretario de Educación y de la propia Presidenta ante este desafío. La resolución de este caso determinará si prevalece el orden institucional al interior de la SEP o si se permite un precedente que erosiona la autoridad y pone en entredicho la cohesión del gabinete.
