El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no introduce una realidad desconocida, pero sí la nombra con una claridad que incomoda, que en México hay indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
Según algunos expertos, nuestro país tiene el número más grande de desaparición de personas, no obstante que no estamos en guerra.
La desaparición de personas no es solo una tragedia acumulada, sino una herida abierta que el Estado mexicano se resiste a mirar de frente.
No me refiero sólo al gobierno de Morena, sino a los últimos 5 sexenios que dejaron de combatir a las organizaciones de narcotráfico, así como decenas de gobiernos locales que están dominados y controlados por los grupos criminales en diversas entidades del país.
Entiendo que la Presienta señale que no son desapariciones forzadas, en las que interviene el Estado, sino que son producto de organizaciones criminales, mismas que controlan amplias regiones del país, que tienen armamento más poderoso que el que utilizan nuestras fuerzas armadas.
Se ha visto que su política de seguridad es mejor que la del anterior presidente, el de “abrazos, no balazos”, pero los avances siguen siendo marginales.
¿Se le puede decir eso a una madre buscadora que ha visto como los policías municipales escoltan a los grupos armados, o a los familiares de las personas asesinadas por estos grupos criminales por interferir en sus actividades ilegales como son la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y la desaparición de personas?
Lo más alarmante no es únicamente la magnitud del problema, sino su normalización.
En un país donde desaparecen decenas de personas cada día, la indignación pública parece diluirse entre cifras y declaraciones políticas, porque la desaparición se ha vuelto parte del paisaje.
Llevar este caso ante la Asamblea General de la ONU es una señal de que esta crisis humanitaria ha cruzado un umbral que ya no puede ser contenido dentro de nuestras fronteras, al determinar la propia ONU que hay indicios de que en México se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El gobierno se defiende señalando los avances institucionales, como es el caso de las nuevas fiscalías especializadas, los registros y protocolos que ha implementado, la creación de las Comisiones de Búsqueda, pero estos avances son insuficientes cuando los resultados no cambian la realidad de fondo.
Es decir, las instituciones pueden existir, pero su efectividad se mide en personas localizadas, no en informes elaborados.
Mientras el Estado debate conceptos, como si son crímenes de lesa humanidad o si son desapariciones forzadas, miles de madres buscan a sus hijos con sus propias manos.
Son ellas quienes excavan en fosas clandestinas, quienes organizan brigadas de búsqueda, quienes sostienen la memoria colectiva en un país que sus gobiernos parecen dispuestos a olvidar.
Su labor no debería existir, y sin embargo, es lo único que realmente está funcionando.
La imagen de una madre con una pala en medio del desierto no es solo dolorosa, sino una acusación directa, porque cada hallazgo hecho por un colectivo, es también una evidencia de la ausencia del Estado en la solución de esta grave crisis humanitaria.
