Plantean evaluación psicológica permanente para mujeres privadas de la libertad

La propuesta plantea que, desde su ingreso y durante todo el tiempo que permanezcan en reclusión, las internas sean sometidas a valoraciones periódicas de salud mental y tengan acceso a atención psicológica y psiquiátrica de acuerdo con las necesidades detectadas por personal especializado.

Asimismo, establece la obligación de que las autoridades penitenciarias implementen protocolos permanentes para la prevención, detección y atención del riesgo suicida y de las autolesiones. Dichos mecanismos deberán contemplar la identificación de factores de riesgo, intervención inmediata, seguimiento y, cuando sea necesario, la canalización a instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa adiciona disposiciones a los artículos 36 y 43, y modifica la fracción I del artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el propósito de que la atención a la salud mental se brinde con perspectiva de género, respeto a la dignidad humana, confidencialidad y consentimiento informado.

Entre los cambios propuestos se establece que las personas con enfermedades mentales graves no podrán ser sometidas a aislamiento, además de que los servicios médicos penitenciarios deberán realizar campañas permanentes de prevención del suicidio.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que la permanencia en prisión puede estar acompañada de factores que afectan la estabilidad emocional y psicológica de las mujeres, como el aislamiento, la separación de hijas e hijos, la pérdida de redes de apoyo, antecedentes de violencia, el abandono familiar y otras condiciones de vulnerabilidad.

También destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido la necesidad de adoptar acciones diferenciadas y especializadas para garantizar condiciones dignas de reclusión y favorecer una reinserción social efectiva. Asimismo, ha identificado carencias de recursos, infraestructura y personal especializado para atender la salud mental de las mujeres privadas de la libertad.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, busca fortalecer el derecho a la protección de la salud, preservar la vida e integridad de las mujeres bajo custodia del Estado y contribuir a los objetivos de reinserción social previstos en la Constitución.

Ballesteros Mancilla subrayó que la atención en salud mental debe considerar factores específicos relacionados con las violencias de género, la maternidad, la separación de hijas e hijos, las redes de apoyo y los antecedentes de violencia que enfrentan muchas mujeres antes y durante su estancia en prisión.