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Pone Fiscalía de Tabasco precio a cabeza de 10 policías acusados de desapariciones

Pone Fiscalía de Tabasco precio a cabeza de 10 policías acusados de desapariciones
  • Publisheddiciembre 12, 2025

Entre los prófugos hay titulares de las direcciones de Seguridad Pública en algunos municipio y funcionarios penitenciarios. La recompensa es de 100 mil pesos por cada uno de los malandros

 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco difundió diez fichas de búsqueda con recompensa de 100 mil pesos por cada uno para localizar y aprehender a policías señalados por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.

La institución no reveló los detalles por los que investiga y pide la presentación de estos 10 agentes policiales, que en algunos casos fueron titulares de las direcciones de Seguridad Pública en algunos municipios.

La más reciente corresponde a Ysael Ramírez Trejo , quien fue director de Seguridad Pública de Paraíso entre 2021 y 2024 —rindió protesta ante el entonces secretario estatal Hernán Bermúdez Requena— y previamente fue director de Seguridad Pública en Macuspana de 2017 a 2020 y en Centla en 2018.

Las otras nueve fichas publicadas un día antes son por Luis Armando Pérez de los Santos;  Adalberto Jiménez Hernández; René Manuel Jiménez; Ezequiel Córdova Jiménez; César Alonso López Rodríguez ; Guillermo Córdova González; Efrén Domínguez Izquierdo; Efraín Chablé Gómez  y Félix Córdova Montiel.

Este último, Córdova Montiel, fungió como director de Seguridad Pública de Huimanguillo de 2017 a 2019 y posteriormente, de 2019 a 2021 fue director de las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA) y ocupó los cargos de director de los Centros de Readaptación Social en Macuspana y Huimanguillo.

Medios de comunicación local señala que en total hay 16 personas involucradas en la investigación, pero por ahora sólo ha difundido fichas y recompensas para diez, y la FGE no ha precisado si se trata de un único caso o de varios reportes relacionados.

La desaparición forzada consiste en privar de la libertad a una persona por agentes del Estado —o por quienes actúan con su autorización, apoyo o tolerancia— y luego negar la privación o ocultar su paradero, con lo que la víctima queda fuera de toda protección legal.