Presentan iniciativa para que personas privadas de la libertad realicen trabajo en favor de la comunidad o del Estado

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 11, 91 y 92 de la legislación vigente. De acuerdo con el proyecto, estas actividades deberán ser autorizadas por el juez de ejecución de la pena y realizarse conforme al perfil de la persona interna, su grado de peligrosidad y el respeto a sus derechos humanos.

El documento señala que el trabajo será entendido no solo como una actividad productiva, sino también como una labor legal en beneficio de la comunidad o del Estado. Asimismo, incorpora como una de las bases del trabajo penitenciario la realización de actividades con ese propósito.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, argumenta que el mantenimiento de las personas privadas de la libertad representa una carga económica para el Estado y los contribuyentes, ya que son recursos públicos los que financian su estancia en los centros penitenciarios.

En la exposición de motivos, el legislador sostiene que es necesario aprovechar la mano de obra disponible en los centros de reclusión como una forma de retribución social por parte de quienes han infringido la ley y alterado el orden público.

El proyecto destaca que el modelo de reinserción social vigente en México se basa en cinco ejes establecidos en la Constitución: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Estas herramientas buscan facilitar la reincorporación de las personas sentenciadas a la sociedad y contribuir a la prevención de la reincidencia.

La propuesta también expone que el costo de manutención de una persona interna en penales estatales oscila entre 200 y 600 pesos diarios, mientras que en centros federales o de máxima seguridad puede superar los 3 mil y hasta los 6 mil pesos por día debido a los esquemas de operación y las medidas de seguridad.

Además, refiere que para 2026 el sistema penitenciario federal cuenta con una asignación presupuestaria de 26 mil 789.8 millones de pesos a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recursos destinados principalmente a nómina, alimentación, vigilancia, mantenimiento y operación de los centros federales de readaptación social.

Cruz Mendoza considera que la actualización del marco jurídico permitiría establecer la obligación de que las personas privadas de la libertad participen en actividades laborales orientadas al beneficio de la comunidad o del Estado, como parte del aprovechamiento de su fuerza de trabajo dentro del sistema penitenciario.