Ante la candidatura de Xóchitl Gálvez y la posibilidad de perder la Presidencia de la República, López Obrador decidió intervenir en el proceso electoral.
En otras ocasiones había interferido en los comicios locales y le valía sorbete el qué dirán.
«Todo menos perder” era la consigna del tabasqueño.
Años atrás, usó el poder del Estado para dar un margen ganador al candidato de Morena en Hidalgo.
Un periódico de circulación nacional publicó una encuesta donde la carrera por la gubernatura se encontraba muy pareja, y ello encendió las alarmas en Palacio Nacional.
El que antes clamaba por la imparcialidad de las autoridades en las contiendas electorales metió las narices en favor de Julio Menchaca, personaje que, sin personalidad ni proyecto, lo había convencido para que le cedieran la candidatura.
Desde la mañanera y con videos truqueados, descalificó a Carolina Viggiano, candidata del PRI.
Obrador ensayó una falacia que años después utilizó para causar temor entre la población: difundió que la priísta era contraria a los programas sociales.
Un tímido INE y un ineficaz Tribunal Electoral no corrigieron al infractor.
A la par, se desató una feroz campaña en las redes sociales contra la priísta.
Un informe de la autoridad electoral determinó que más del 30 por ciento de los ataques y la violencia política en los comicios de 2022 se dirigieron contra la hidalguense.
En 2024 sucedió algo similar, pero en esa ocasión Obrador agregó una serie de fabulosas iniciativas legislativas.
Dicen que, al ser cuestionado sobre la factibilidad de estas, respondió que la oposición las votaría en contra y se llevarían el costo de su negativa.
Eso no sucedió; los líderes del PRI, PAN y PRD, al igual que Xóchitl Gálvez, se pronunciaron a favor de varias de ellas, y los coordinadores legislativos comprometieron el voto de los congresistas.
Entre las reformas que puso sobre la mesa se encontraba la inclusión en la Constitución de un salario mínimo profesional para policías, maestros, soldados, médicos, enfermeras y guardias nacionales.
Hay que recordar que el promedio de los policías municipales gana 8 mil pesos, y con el cambio los ingresos serían de alrededor de los 17 mil, sin incluir prestaciones.
Para sorpresa de las autoridades, la iniciativa consiguió los votos suficientes en las Cámaras y las legislaturas locales.
Para llegar al poder, el tabasqueño prometió muchas cosas, entre ellas, un crecimiento del cinco por ciento de la economía o tener un sistema de salud como el de Dinamarca.
Todos sabemos lo que ha pasado en esos rubros, y con ello se confirma la manía del expresidente por timar a los ciudadanos.
En un cajón del Senado de la República duerme la declaratoria de constitucionalidad del salario mínimo profesional.
Gerardo Fernández Noroña, en su momento, y ahora Laura Itzel Castillo, se han negado a terminar el trámite legislativo.
Por estos dos personajes, cientos de miles de servidores públicos tienen sueldos miserables.
