Proponen licencia laboral con goce de sueldo para cuidar a familiares con discapacidad permanente

La propuesta plantea adicionar una fracción XXIX Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de permitir que las personas cuidadoras puedan acompañar a sus familiares en trámites ante autoridades, citas médicas especializadas o procedimientos de habilitación y rehabilitación.

De acuerdo con la iniciativa, este derecho aplicaría cuando la persona trabajadora tenga a su cargo a su cónyuge, concubina o concubinario, padre, madre, hija, hijo, hermana o hermano con discapacidad permanente reconocida conforme a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Para acceder a la licencia, el trabajador deberá notificar a su patrón con al menos 48 horas de anticipación, salvo en casos de urgencia debidamente justificados. Además, deberá acreditar la discapacidad del familiar mediante un certificado médico o una resolución emitida por la autoridad competente.

El proyecto establece que los días de permiso no podrán descontarse del periodo vacacional ni afectar otras prestaciones laborales que correspondan a la persona trabajadora.

En la exposición de motivos, el legislador señala que la Ley Federal del Trabajo contempla licencias por maternidad, paternidad y adopción, pero carece de mecanismos específicos para quienes tienen la responsabilidad de cuidar a un familiar con discapacidad permanente.

La propuesta destaca que, ante la falta de una figura legal de este tipo, muchas personas cuidadoras recurren a vacaciones, permisos sin goce de sueldo o ausencias que pueden derivar en sanciones laborales e incluso poner en riesgo su empleo.

Asimismo, sostiene que la ausencia de regulación dificulta la conciliación entre las responsabilidades laborales y las tareas de cuidado, lo que genera una carga adicional para las familias que atienden a personas con discapacidad.

Gaona Domínguez recordó que México forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce el derecho de las personas con discapacidad y de sus familias a un nivel de vida adecuado, además de establecer la obligación de impulsar medidas que faciliten la conciliación entre el trabajo y las labores de cuidado.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictaminación.