Sobrevive a dos dosis letales y obliga a Tennessee a detener la pena de muerte
Nashville, Tennessee.- El estado de Tennessee suspendió todas las ejecuciones programadas para el resto del año después de que una condenada a muerte sobreviviera a dos dosis de un fármaco letal durante un intento de ejecución realizado esta semana.
La mujer, identificada como Christa Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital de acuerdo con el protocolo establecido por las autoridades penitenciarias. Sin embargo, según informaron sus abogados, la reclusa continuó con vida tras la administración del medicamento e incluso presentaba signos de respiración, descritos como fuertes ronquidos.
Ante la inesperada situación, Pike tuvo que ser trasladada de emergencia en ambulancia desde el centro penitenciario a un hospital, donde permanece internada. Hasta el momento, la defensa asegura que no ha recibido información oficial sobre su estado de salud.
El incidente provocó una inmediata reacción del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien ordenó la suspensión de todas las ejecuciones pendientes y anunció la realización de una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido en la sala de ejecución.
“Debe llevarse a cabo una revisión exhaustiva e independiente para determinar exactamente qué sucedió”, señaló el mandatario, quien añadió que la aplicación de una sentencia de muerte debe realizarse de manera legal, constitucional y también efectiva.
Por su parte, el Departamento de Correccionales de Tennessee afirmó en un comunicado que su personal siguió cada uno de los pasos previstos en el protocolo de ejecución vigente.
El caso ha puesto bajo escrutinio el sistema estatal de pena de muerte debido a un vacío en la normativa. Si bien el reglamento contempla la aplicación de una segunda dosis de pentobarbital cuando la primera no produce el fallecimiento del condenado, no establece ningún procedimiento para los casos en los que la persona continúa con vida después de ambas administraciones.
La situación ha reavivado el debate sobre la eficacia y la constitucionalidad de los métodos de ejecución empleados en Estados Unidos, mientras las autoridades intentan determinar si existieron fallos técnicos, médicos o de procedimiento durante el proceso.
