Solicita Sandra Pámanes revisión excepcional de contratos municipales vinculados a familiares de diputada
La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y una solicitud de revisión excepcional ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para investigar presuntas irregularidades en contratos celebrados durante la administración municipal de Monterrey.
La legisladora señaló que la petición busca esclarecer la asignación de contratos en los que, según indicó, podrían estar involucradas empresas relacionadas con familiares de la diputada Lorena de la Garza.
Pámanes informó que solicitó a la ASE revisar los procesos de contratación para determinar si existieron procedimientos de licitación o adjudicaciones directas, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de conflicto de intereses, los costos de los servicios contratados y la entrega efectiva de los bienes o servicios facturados.
“Lo que nosotros le pedimos a la Auditoría Superior del Estado es que nos diga o al menos responda: ¿Cómo se asignaron estos contratos? ¿Hubo licitación o fue adjudicación directa? ¿Se declaró conflicto de intereses como lo exige la ley de responsabilidades administrativas? ¿Se pagó a precio de mercado? ¿Se entregaron los bienes y se prestaron los servicios facturados?”, expresó.
La diputada explicó que la solicitud se sustenta en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización del Estado, el cual contempla la realización de revisiones excepcionales cuando existan indicios de posibles irregularidades.
Además, adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen los hechos y se requiera información a la Contraloría Municipal de Monterrey y a la propia Auditoría Superior del Estado.
Según Pámanes, la investigación deberá aclarar el papel que pudieron haber desempeñado servidores públicos municipales en la asignación de dichos contratos y determinar si existieron posibles conflictos de interés o actos de tráfico de influencias.
La legisladora afirmó que los contratos señalados podrían formar parte de un patrón de contratación más amplio, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.
