En un editorial reciente, la prestigiada revista británica The Economist analizó el bajo crecimiento de la economía mexicana, una tendencia que se ha prolongado por décadas, pero que se ha agudizado particularmente desde el 2018, durante el período conocido como «obradorismo» hasta la actualidad.
El diagnóstico de la publicación es contundente; el estancamiento económico de México no responde a factores externos, como las amenazas arancelarias de Donald Trump o las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos como el de Irán, sino que es el resultado de decisiones internas.
The Economist utiliza el término «economía rota» para describir una paradoja preocupante, ya que a pesar de ser el socio comercial más importante de Estados Unidos y contar con la ventana de oportunidad del nearshoring, la economía nacional simplemente no logra despegar.
¿En qué basa sus apreciaciones el prestigiado medio británico? En primer lugar, señala la reforma al Poder Judicial como un factor central de incertidumbre.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros, bajo el argumento de democratizar el poder, ha generado desconfianza entre los inversionistas al debilitar la independencia judicial. El Poder Judicial es el garante último de la constitucionalidad y la certidumbre; su politización erosiona la confianza en las reglas del juego.
En segundo término, la revista destaca la sistemática destrucción de organismos reguladores autónomos durante el sexenio anterior. La desaparición o el debilitamiento de instituciones como el INAI, la Cofece o el IFT ha dejado a los inversionistas a merced de decisiones discrecionales del poder ejecutivo.
Otro aspecto relevante es la contrarreforma energética impulsada en el sexenio pasado. El fortalecimiento del control estatal sobre Pemex y la CFE, junto con la limitación a la inversión privada, ha tenido consecuencias lamentables, ambas empresas han acumulado una deuda creciente y su capacidad operativa se ha deteriorado, por lo que la confianza en el sector energético se ha desplomado.
La esperanza de un crecimiento significativo impulsado por el nearshoring se ha diluido frente a un entorno que desincentiva la inversión privada y privilegia un modelo de gasto clientelar basado en la transferencia directa de recursos, en lugar de fortalecer la productividad y la infraestructura.
El resultado es un crecimiento raquítico, insuficiente para generar los empleos dignos que las y los mexicanos demandan. Más allá de las cifras de baja desocupación, el país carece de la dinámica económica necesaria para elevar el bienestar generalizado.
A este panorama se suma una decisión de política monetaria que ha generado escepticismo entre los analistas, ya que la Junta de Gobierno de Banxico redujo la tasa de interés de referencia del 7 al 6.75 por ciento.
Lo preocupante no es el ajuste en sí mismo, sino su timing. Con una inflación general del 4.63 por ciento en la primera quincena de marzo y una inflación subyacente del 4.5 por ciento, que continúa por encima del objetivo, el movimiento expansivo de Banxico contrasta con la cautela de la Reserva Federal, que mantiene tasas estables a pesar de las presiones políticas de Donald Trump contra su presidente, Jerome Powell.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado el Plan México como una apuesta para mejorar el clima de negocios, acelerar aprobaciones y diversificar socios comerciales. Sin embargo, la distancia entre el anuncio y los resultados sigue siendo amplia. Falta constatar si este viraje en la política económcia del sexenio anterior será lo suficientemente profundo para corregir el rumbo de una economía que, tras seis años de decisiones autoinfligidas, se mantiene estancada.
El país enfrenta una disyuntiva fundamental: seguir atrapado en un modelo que prioriza el control estatal y el gasto clientelar sobre la certidumbre institucional y la inversión productiva, o emprender un cambio sostenido que permita aprovechar la oportunidad histórica que el nearshoring y la integración comercial con Estados Unidos todavía ofrecen.
