Una familia que se vio forzada a rescatar a su hijo de las manos de un grupo de ministeriales que pretendían llevárselo preso al Estado de México a pesar de contar con un amparo

Tras el escándalo que protagonizará una familia que se vio forzada a rescatar a su hijo de las manos de un grupo de ministeriales que pretendían llevárselo preso al Estado de México a pesar de contar con un amparo, el abogado Dr. José Ulises Treviño García, presidente del Consejo Universal del Orden Mundial dijo que el actuar de las autoridades locales dejan mucho que desear.

Treviño García afirmó que ve “muy espinosa” la situación actual, “porque Fuerza Civil (FC) de Nuevo León debió haber respetado los derechos de Oziel N, él fue víctima de una detención ilegal a cien metros de su casa, se lo llevan detenido, lo torturan con bolsas plásticas lo asfixian y le estuvieron preguntando si se dedicaba al narcomenudeo”, aseguró el también presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León.

Aseguró que los elementos de FC le sembraron al joven “unas bolsas con dosis de marihuana, una báscula y un arma de fuego y lo presentan ante el ministerio público, quien lleva a cabo una audiencia de imputación inicial y el juez de control le decreta prisión preventiva justificada”.

Explicó que cuando se inicia con la defensa de Oziel N logran tramitar un amparo con una solicitud de suspensión con efectos restitutorios “y dan 48 horas para que le validen la medida cautelar y que no estuviera de por medio su libertad. Sin embargo, también deja expedita para el juez de control para que se entre en debate una vez que se aplique la prisión preventiva justificada y al entrar en debate se hace ver que el fiscal no cuenta con nada objetivo, que son especulaciones” aseguró el abogado.

“Nos validan la medida cautelar y se establece la firma periódica y se gira un oficio de libertad a la 9:00 AM y a las 5:00PM ya estaba cumplido el oficio, sin embargo lo retienen los mismos custodios del penal de Apodaca y lo entregan a los policías de Fuerza Civil sin que contaran con una orden de aprehensión”, afirmó Treviño García.

El abogado dijo que luego se lo llevaron en una camioneta Black Mamba blindada, “lo vuelven a golpear e inclusive lo dejan sin poder caminar y lo presentan ante la Ministerial, pero la ministerial se da cuenta de que él cuenta con una suspensión concedida por un juez de distrito. Luego de que no lo reciben llegan unos policías de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de la CDMX para auxiliar en esta colaboración al agente del ministerio público de Tabasco y lo suben para ejecutarle la orden, porque los policías de la FC, de manera maliciosa, no le dicen a los elementos de la SSP que tenía una suspensión. Lo entregan y lo suben a la unidad y al salir del edificio público nosotros cerramos el paso a los policías y les exigimos que hicieran valer lo que dice el juez de distrito sobre la suspensión”, indicó.

La policía ministerial se lavó las manos a juicio del abogado y dijo que los policías de la Fuerza Civil no les informaron del amparo “y por eso notamos un dolo de parte de estos policías, y la víctima está temeroso de alguna represalia, ya que estos elementos de Fuerza Civil ya fueron a su casa, lo torturaron, le sembraron evidencia falsa, y al final se evidencia que desacataron una suspensión de amparo concedida en el Juzgado Primero de Materia Penal”.

Asimismo, adelantó que por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Universal del Orden Mundial “ya estamos elaborando un comunicado denunciando ante la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que se realicen las labores pertinentes y que se haga de manera oficiosa una investigación por el abuso de autoridad que sufrió esta familia”.

Y finalizó diciendo que “hace falta sumar esfuerzos para defender mejor a los ciudadanos, vamos a buscar gente que nos apoye para hacer nuestras visitas y apoyar a la gente necesitada y apoyarlos y estudiar los expedientes de miles de personas que están privadas de su libertad que ni siquiera deberían de estar ahí porque ya cumplieron sus condenas y por eso estos en casos necesitan recursos para poder realizar patrullajes en los que podamos detectar los abusos de la autoridad y defender mejor a los ciudadanos”.