Proponen atención psicológica y contención emocional para integrantes de instituciones policiales
Ciudad de México. Con el propósito de fortalecer la salud mental de quienes integran las corporaciones de seguridad pública del país, la diputada federal María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y garantizar el acceso oportuno, gratuito y confidencial a servicios de atención psicológica y de contención emocional para personal policial de los tres órdenes de gobierno.
La propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, plantea modificaciones a los artículos 8 y 61, además de adicionar el artículo 61 Bis, con el fin de reconocer de manera explícita los riesgos psicosociales asociados al ejercicio de la función policial y establecer mecanismos permanentes de atención en esta materia.
De acuerdo con la iniciativa, los sistemas de seguridad social destinados al personal de seguridad pública deberán contemplar servicios permanentes, gratuitos y confidenciales de atención psicológica y contención emocional, considerando que las y los policías enfrentan condiciones de alto riesgo, estrés crónico y exposición constante a eventos traumáticos.
Asimismo, se establece que la atención deberá brindarse sin costo, dentro de la jornada laboral y con estricta confidencialidad. Los resultados y contenidos de las sesiones no podrán utilizarse en perjuicio de las personas integrantes de las corporaciones en procedimientos de separación o remoción, salvo en casos donde exista un riesgo inminente para su vida o la de terceros, o cuando se detecte la posible comisión de un delito.
La iniciativa también contempla que la atención psicológica tenga un carácter preventivo y periódico, con una frecuencia mínima semestral, además de ofrecerse de manera inmediata cuando el elemento policial haya participado o sido afectado por un acontecimiento traumático severo.
Otro de los aspectos destacados de la propuesta es la incorporación de un enfoque diferenciado para identificar y atender factores específicos de riesgo psicosocial, así como la posibilidad de que estos servicios se otorguen preferentemente en las propias instalaciones de las corporaciones o mediante convenios con instituciones públicas de salud.
En la exposición de motivos, Pérez Popoca señala que la salud mental del personal policial no debe concebirse como una prestación complementaria u opcional, sino como una condición inherente al ejercicio de una función pública de alto riesgo, cuyo impacto trasciende el bienestar individual y repercute directamente en la calidad, legalidad y proporcionalidad con que se ejerce la fuerza pública.
La legisladora advierte además que diversas organizaciones y reportes periodísticos han documentado un incremento en casos de intentos de suicidio entre mujeres policías durante horas de servicio en distintas entidades del país, situación que evidencia la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas de atención y prevención.
Finalmente, sostiene que esta problemática responde a una situación estructural presente en corporaciones policiales de los distintos niveles de gobierno, por lo que requiere una respuesta homogénea desde la legislación general y no únicamente acciones aisladas en el ámbito local.
