La iniciativa presidencial que busca prohibir a los mexicanos con doble nacionalidad ser candidatos a la Presidencia o a una gubernatura es, en los hechos, una reforma con dedicatoria.
Y las reformas con dedicatoria, como bien señala el principio general del derecho, no regulan la actividad de todos, porque crean excepciones para excluir a alguien en particular.
En este caso, el mensaje claro es el de cerrarle el paso a una probable candidatura del exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien recientemente manifestó su intención de competir por la Presidencia en 2030.
El argumento oficial, que quien gobierne debe tener lealtad absoluta a México, suena razonable en abstracto, pero se desmorona cuando se contrasta con la realidad.
México reconoce la doble nacionalidad desde 1997 precisamente porque millones de connacionales viven fuera del país, mantienen vínculos familiares y económicos, y participan en la vida política.
Cerca de 30 millones de personas de origen mexicano residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos.
A ellos se les pide el voto, se les corteja con reformas para que voten desde el extranjero, pero ahora se les niega el derecho a ser votados para los cargos más importantes.
Es una contradicción; se les convoca como electores, pero se les excluye como elegibles.
La presidenta Sheinbaum ha justificado la medida señalando que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier otro.
Sin embargo, la propia mandataria nació en México, aunque sus abuelos paternos y maternos provienen de Lituania y Bulgaria.
No tiene doble nacionalidad, pero su historia familiar ilustra mejor que ninguna otra que el origen no define la lealtad.
La nacionalidad no se hereda como una mancha, ni la lealtad se mide con un pasaporte.
La oposición lo ha dicho con claridad:
«Nadie elige ni quiénes son sus padres ni mucho menos el lugar en el que nacemos”.
Tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades.
Lo que sí significa una reforma así es consagrar en la Constitución la sospecha como norma, la exclusión como principio y la conveniencia política como método legislativo.
México no puede avanzar restringiendo derechos ni convirtiendo la doble nacionalidad en una presunción de deslealtad.
La lealtad a México no se demuestra con un documento, sino con actos.
Y los actos, a diferencia de los pasaportes, no se pueden prohibir por decreto.
