La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, así como la de algunos funcionarios allegados a ella, presuntamente vinculados con un proveedor del Instituto, exige una auditoría rigurosa a su gestión para deslindar responsabilidades.
Sin embargo, la tarea más importante que tiene el órgano electoral, es garantizar que el proceso, iniciado el pasado 10 de septiembre, no sufra contratiempos.
Estamos a escasos siete meses de la jornada electoral en la que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, además de miles de diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías, por lo que cimbrar al órgano constitucionalmente responsable de organizar los procesos electorales no debe poner en riesgo la elección que celebraremos el próximo 6 de junio.
El Consejo General del INE deberá cumplir más de veinte actividades sustantivas para organizar correctamente la jornada electoral, entre ellas la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y los cómputos finales, con absoluta transparencia, certeza y legalidad.
Además, tiene que integrar y capacitar a las mesas directivas de casilla, registrar candidaturas, ordenar precampañas y campañas, vigilar la equidad de la contienda, asignar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos, así como realizar muchas otras tareas que no pueden quedar en riesgo; ya que, de lo contrario, nuestra ya frágil democracia quedaría prácticamente en estado catatónico
La reestructuración del Instituto debe realizarse con rapidez por la Cámara de Diputados, pero también con responsabilidad.
Se requiere designar perfiles que garanticen la continuidad del proceso, una jornada electoral con amplia participación ciudadana y resultados claros, oportunos e incuestionables.
Los partidos políticos, el Congreso, los organismos públicos locales y desde luego, la ciudadanía, tenemos la obligación de vigilar que el proceso se conduzca con imparcialidad y sin atajos.
No debemos permitir que aprovechen la incertidumbre que se vive en estos momentos para debilitar al árbitro electoral, condicionar la organización de la elección o sembrar dudas sobre la validez de los resultados.
El 6 de junio de 2027 no solo se elegirán gobernadores, diputados y ayuntamientos; también decidiremos si conservamos elecciones competitivas, transparentes y creíbles.
