La presidenta de México envió al Senado de la República una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar este tipo penal a nivel nacional estableciendo una pena de 50 a 70 años de prisión, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua.
Sin embargo, está demostrado que aumentar las penas tiene un bajo efecto disuasivo.
Esto es especialmente cierto en sistemas de procuración e impartición de justicia como el mexicano, en el que alrededor del 90 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes.
A esto se suma la cifra negra, ya que un 94 por ciento de delitos que ni siquiera se denuncian, pues la ciudadanía considera que hacerlo es una pérdida de tiempo y que la autoridad no resolverá el caso.
El feminicidio no responde a una lógica donde el agresor realice un cálculo racional de costo-beneficio antes de actuar; suele ocurrir en contextos de violencia interpersonal escalonada donde el agresor actúa motivado por patrones de dominio, misoginia o celos.
En un sistema donde casi nadie es condenado, elevar la penalidad máxima de 50 a 70 años no modificará la conducta de los agresores.
Aunque una Ley General sea de aplicación obligatoria en todos los estados, la impunidad mantendrá sus niveles abrumadores si no cambia la capacidad operativa de las instituciones.
Muestra de ello es el caso de Debanhi Escobar, por mencionar uno de los más emblemáticos en los medios de comunicación, el cual ocurrió hace cuatro años y aún continúa en proceso de investigación.
Para lograr una reducción real en los feminicidios no basta con incrementar los castigos; es indispensable transitar de un paradigma meramente sancionador y represivo hacia uno preventivo y restaurativo.
¿Qué alternativas existen?
Fortalecer las fiscalías para mejorar su capacidad de investigación y persecución; dotar de presupuesto y personal capacitado a los refugios para mujeres; impulsar la igualdad no solo en el papel, sino desde los programas educativos; y articular una verdadera coordinación interinstitucional entre fiscalías, juzgados, el DIF, los institutos de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil.
Incrementar las penas por feminicidio en medio de este escenario de impunidad no es una solución efectiva, sino un gesto meramente simbólico o, en el peor de los casos, una distracción populista. El derecho penal es solo una pieza del rompecabezas; sin voluntad política ni presupuesto, la ley seguirá siendo letra muerta.
