Por algunos meses, el Gobierno federal presumió la estrategia de seguridad en el estado de Zacatecas como un modelo exitoso.
El número de homicidios se redujo gradualmente; sin embargo, el pasado fin de semana esa racha se rompió con el secuestro y posterior ejecución de 10 personas.
Cinco cuerpos amanecieron colgados en un puente y el resto fue abandonado en diversos puntos del municipio de Fresnillo.
Empresarios, un exalcalde y funcionarios municipales figuraron entre las víctimas, cuyos restos mostraban evidentes huellas de tortura.
Un experto en seguridad de la Ciudad de México, entrevistado en un reconocido noticiero matutino, aclaró la naturaleza de lo sucedido ante la audiencia radiofónica.
La paz que parecía reinar en la entidad nunca fue producto de la estrategia de seguridad implementada en coordinación por las autoridades federales, estatales y municipales.
Fue, en realidad, el resultado de un pacto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa para repartirse el territorio estatal.
El compromiso consistía en no invadir sus respectivas áreas de influencia, un acuerdo del que las autoridades locales estaban enteradas.
No obstante, la creciente tensión entre los cárteles que operan en el país, motivada por las recientes detenciones y extradiciones de capos a Estados Unidos, sumada al incumplimiento de uno de los puntos del pacto, detonó esta violenta respuesta por parte del grupo de Sinaloa.
El mensaje es contundente tanto para las autoridades como para la sociedad: o los dejan operar sus negocios ilícitos o se multiplicarán las masacres.
La realidad es ineludible; la estrategia oficial sigue sin dar resultados efectivos.
