Presidente de Uruguay renuncia tras quiebra de Banco

Santiago Peña dimite como presidente de Paraguay en medio de la crisis de Ueno Bank que tenía cerca de tres millones de clientes que se han quedado sin acceso a sus cuentas

El anuncio llegó en un momento crítico para su administración, cuando diputados de oposición y miembros de su propio partido avanzaban en un procedimiento para destituirlo. Peña, quien gobernaba desde el 15 de agosto de 2023, decidió presentar su dimisión antes de que prosperara el juicio político impulsado por los señalamientos relacionados con sus antiguos vínculos empresariales con la institución financiera.

EL CIERRE

Un repentino pantallazo en blanco sorprendió a los casi tres millones de clientes de Ueno Bank en la madrugada del martes 3 de noviembre. Hacia las 03:24, la aplicación de la entidad paraguaya —un actor clave del sistema que maneja millonarios fondos estatales y ha crecido a ritmo vertiginoso en sus tres años de vida— dejó de mostrar las cuentas de sus usuarios para exhibir un único mensaje: «No podemos mostrar el saldo».

Simultáneamente, el Banco Central del Paraguay lanzaba un duro comunicado en sus redes sociales: la entidad quedaba intervenida y se abría su proceso de liquidación. El motivo de este «procedimiento de resolución» sobre Ueno Bank respondía a una alarma financiera mayor, tras haber detectado un desplome crítico en su índice de solvencia, situado por debajo del 50%.

El impacto fue inmediato y desencadenó un terremoto político sin precedentes que acabado con el Gobierno de Santiago Peña. Desde el martes, una multitud de usuarios indignados han tomado las inmediaciones de la sede central en Asunción y las 75 sucursales del país con la intención de salvar su dinero.

El panorama a las puertas de los locales —clausurados y custodiados por guardias— se ha transformado en un escenario de tensión y desesperación absoluta. La angustia a las puertas de las sucursales se traducía en emergencias cotidianas e insostenibles. Hubo quien, entre lágrimas, suplicaba retirar sus fondos para costear las medicinas de un hijo gravemente enfermo; a pocos kilómetros, la desesperación de un trabajador de la construcción era la misma al ver que, sin acceso a sus ahorros, no tendría ni para comprar la comida de sus hijos ese día.

La entidad concentraba unos 850 millones de dólares (unos 758 millones de euros) en recursos públicos, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social que sustentan las jubilaciones y la cobertura sanitaria de los trabajadores. El fantasma de un corralito al estilo argentino encendió de inmediato las alarmas entre la población. «¿Quién responde por los ahorros de toda una vida? ¿Habrá impunidad?», se leía en las pancartas de los manifestantes que mantenían el pulso a las puertas de las oficinas.

El país entero contuvo la respiración ante la rueda de prensa del Banco Central del Paraguay (BCP). La confirmación oficial fue categórica: «Procedimos al cierre de la entidad; ni la aplicación, ni las tarjetas, ni servicio alguno está activo desde hoy», sentenció Liana Caballero, miembro del directorio. De nada sirvió que las autoridades intentaran calmar los ánimos recordando que la ley contempla un fondo de garantía para devolver a cada cliente hasta 75 salarios mínimos (unos 228 millones de guaraníes o 37.700 dólares, unos 33.620 euros); el recelo y la desconfianza ya se habían apoderado por completo de la calle.