El dictador nicaragüense Daniel Ortega ya ni siquiera disimula la incomodidad que le producen las elecciones simuladas que desde hace años se celebran en ese país centroamericano.
Sin embargo, declarar que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones» no es un exabrupto más, sino la confirmación oficial de que su régimen transita definitivamente de un modelo autoritario hacia otro de partido único y de vocación hereditaria.
Ortega retornó al poder por la vía democrática en 2007.
Desde entonces, inició un desmantelamiento institucional sistemático para perpetuarse en el cargo.
El nivel de concentración del poder familiar alcanzó su punto culminante cuando convirtió a su esposa, Rosario Murillo, primero en vicepresidenta y posteriormente en copresidenta mediante reformas constitucionales a la medida, consolidando una dinastía sin precedentes en la región de Latinoamérica.
¿Qué necesidad tuvo de eliminar cualquier atisbo de democracia?
Las elecciones amañadas, el encarcelamiento y la desaparición de opositores y de partidos políticos opositores al régimen dictatorial han sido el sello de un régimen que hoy resulta tanto o más brutal que la dictadura de Anastasio Somoza; esa misma dictadura que Ortega combatió al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional hasta derrocarla en 1979.
La paradoja es trágica; el revolucionario que prometió liberar a su pueblo terminó convirtiéndose en el tirano que perfeccionó los métodos de opresión de su antecesor.
Al prescindir por completo de elecciones en las urnas, Ortega no solo admite su absoluta falta de legitimidad popular, sino que rompe el último vínculo de Nicaragua con el sistema interamericano y la legalidad internacional.
El cierre definitivo de las vías electorales no deja margen a las dudas ni siquiera a la diplomacia complaciente.
Llamar a Nicaragua «dictadura» ya no es un adjetivo político, sino una rigurosa descripción jurídica.
Es de esperarse que la comunidad internacional se pronuncie en contra de esta decisión; no puede seguir respondiendo con meras condenas discursivas ante un régimen que ha destruido la democracia en perjuicio de sus propios habitantes, porque abolir la democracia no fue una decisión popular, sino un acto de autoridad.
