El Secretario de Educación Pública está demostrando no sólo incompetencia, sino también un preocupante desdén hacia su función principal, que es garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje de los niños y adolescentes de México.
La propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar del 15 de julio al 5 de junio representa una decisión precipitada, improvisada y profundamente perjudicial para millones de estudiantes y familias mexicanas.
El argumento oficial pretende justificarse en dos factores, que son la celebración del Mundial de Futbol y las altas temperaturas del verano.
Sin embargo, los periodos de calor en México no son una novedad ni habían sido antes motivo suficiente para reducir drásticamente el calendario escolar.
Nuestro país ha celebrado dos mundiales anteriormente y en ningún caso se justificó afectar la educación en las escuelas públicas.
Además, cada año, docentes, alumnos y padres enfrentan las condiciones climáticas propias del país sin que ello implique cancelar más de un mes de clases.
Resulta evidente que el verdadero trasfondo de esta decisión es político y no educativo.
La realidad apunta al temor del gobierno de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) utilice las movilizaciones y protestas para afectar la organización y desarrollo de los eventos mundialistas.
Paradójicamente, este problema tiene origen en las decisiones del propio gobierno, que durante el sexenio pasado devolvió poder político y de presión a grupos sindicales radicales, como la CNTE.
Hoy, en lugar de enfrentar el problema con responsabilidad y capacidad de negociación, se opta por sacrificar la educación de millones de estudiantes.
Las consecuencias serían graves.
Reducir el calendario escolar implica menos tiempo para cubrir los programas educativos, evaluar adecuadamente los aprendizajes y concluir procesos administrativos fundamentales, como la entrega de calificaciones, certificados y ceremonias de graduación.
Muchas escuelas ya tienen reservaciones y compromisos organizados para estas actividades, los cuales quedarían afectados por una decisión tomada sin planeación.
El impacto también recaería sobre las familias.
Los estudiantes ingresarían al siguiente ciclo escolar con vacíos de conocimiento y aprendizajes incompletos.
Además, miles de padres de familia tendrían que reorganizar sus horarios laborales para cuidar a sus hijos durante un periodo vacacional excesivamente largo o asumir el riesgo de dejarlos solos en casa.
Adelantar el inicio del ciclo escolar siguiente tampoco es la solución, ya que afectará a miles de familias que ya tienen programas y reservadas sus vacaciones veraniegas.
Tres meses de vacaciones no sólo son pedagógicamente perjudiciales, sino también cuestionables desde el punto de vista legal.
La Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días efectivos de clase y sólo puede modificarse por causas de fuerza mayor.
Una pandemia puede justificarlo; un torneo de futbol, definitivamente no.
Mientras otros países anfitriones, como Estados Unidos y Canadá, mantendrán sus calendarios escolares intactos, en México se pretende ceder ante el miedo, la presión política y la falta de oficio gubernamental.
