Cuatro personas murieron durante el festejo del triunfo sobre Ecuador.
No fueron las únicas víctimas de la euforia mundialista.
El Ángel de la muerte recorrió el Paseo de la Reforma y dejó llanto y tristeza.
Cabalgó sobre la indolencia de las autoridades y la irresponsabilidad de muchos que llegaron dominados por el alcohol o arrastrados por una euforia que terminó por cobrar vidas.
Se calcula que al festejo acudieron un millón cuatrocientas mil personas.
El Gobierno de la Ciudad de México convocó al evento y presumió la instalación de enormes pantallas para transmitir el partido.
Además, organizó conciertos y diversas actividades para animar a la concurrencia mientras se esperaba el resultado.
Las fotografías tomadas desde las alturas muestran la impresionante concentración de aquel día.
En las redes sociales y en los medios de comunicación abundan los videos de aficionados que vuelan por los aires, son rociados con espuma o participan en riñas que terminaron difundidas por todo el ciberespacio.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, reaccionó con una indolencia que sorprende.
Declaró: «Este es uno de los espacios que no teníamos contemplado, ni siquiera un festival futbolero, o un lugar en donde el gobierno tuviera de manera anticipada como un espacio para atenderlos, sino que esto se dio después del conjunto de acciones que hace la propia población para ir a festejar».
Más tarde, cuando la crítica creció y apareció la posibilidad de responsabilidades legales, la Fiscalía capitalina anunció la apertura de carpetas de investigación.
Llama la atención el intento de las autoridades por deslindarse de lo ocurrido y los argumentos que utilizan para hacerlo.
Es cierto que los aficionados suelen acudir al Ángel de la Independencia después de los triunfos de la selección; pero el martes 30 el propio gobierno organizó actividades, convocó a la población y alentó la concentración masiva de personas en ese lugar.
No fue un hecho espontáneo.
Fue un evento promovido desde el poder.
A la enorme cantidad de asistentes debe agregarse el nulo control para evitar desplazamientos peligrosos, el consumo indiscriminado de alcohol y drogas, la tolerancia frente a conductas de riesgo y la circulación de automóviles y motocicletas entre la multitud.
La policía brilló por su ausencia, a pesar de que el «Estado de fuerza», como dicen los clásicos, es el mayor del país y suficiente para atender este tipo de acontecimientos.
La Ciudad de México cuenta con más de noventa mil policías y por ello resulta difícil explicar una ausencia tan evidente.
El triste saldo habla de la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de la seguridad y de la protección civil.
En acontecimientos de esta naturaleza nunca puede alegarse que lo sucedido era imprevisible.
Las muertes, que en principio podrían configurar homicidios culposos, fueron consecuencia de funcionarios que dejaron de cumplir con su obligación.
La señora Brugada, por lo menos, tiene una responsabilidad política ineludible.
No debemos acostumbrarnos a la tragedia.
Cuando un gobierno deja de prevenir riesgos y después pretende eludir su responsabilidad, el problema ya no es un accidente: es una forma de gobernar.
