En una habitual mañanera, la presidenta Sheinbaum presentó el prototipo del auto eléctrico cien por ciento mexicano y de bajo costo, el cual se fabricará y comercializará a partir del año 2027.
Fue en su toma de protesta como presidenta cuando anunció el proyecto, encabezado por ingenieros mexicanos.
La idea es buena para que más familias tengan acceso a vehículos eléctricos y ayudar a mitigar la contaminación del aire que respiramos.
Sin embargo, la implementación no es la ideal, porque no es tarea de ningún gobierno fabricar y distribuir vehículos.
Especialmente cuando este vehículo está lejos de competir contra otros eléctricos, híbridos e incluso los de combustión interna, ya que su velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora, lo que limita su uso a trayectos cortos y lo deja fuera de autopistas o avenidas de alta velocidad.
La duración de la batería será otra limitante, porque solo puede garantizar entre 120 y 130 kilómetros.
Y no se diga de la falta de electrolineras: en este país no hay infraestructura eléctrica para construirlas en las carreteras.
Tampoco contamos con infraestructura eléctrica suficiente para la industria; además, la generación de energía en México se sostiene con fuentes contaminantes, como el combustóleo, lo que tampoco ayuda a mejorar la calidad del aire.
Todo gobierno tiene funciones esenciales que llevar a cabo, como la seguridad, la justicia, la educación, la salud y la regulación ambiental, entre muchos otros aspectos para mejorar la calidad de vida.
Olinia es un ejemplo de cómo el gobierno se desvía de su rol, invirtiendo recursos en un producto de baja competitividad.
No se trata de rechazar la electromovilidad, sino de que el Estado no debe ser empresario, especialmente cuando las características técnicas del producto no son las óptimas.
Gobernar no es fabricar coches; es crear las condiciones para que otros lo hagan bien.
Un gobierno eficiente regula, incentiva y supervisa; no compite con sus propios ciudadanos en un mercado que él mismo debería equilibrar.
