El reciente accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua, en el que fallecieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia del país vecino, junto con dos elementos de la fiscalía chihuahuense, ha ocasionado un debate intenso, algunos a favor de la intervención estadounidense para destruir laboratorios donde se producen drogas que luego se expenden en Estados Unidos, y otros, desde el gobierno, quienes se rasgan las vestiduras porque se ha atentado contra la soberanía nacional, al ingresar de manera ilegal a nuestro país.
No importa que hayan colaborado para destruir un narcolaboratorio importante y que vinieron hacer una tarea que nuestras corporaciones de seguridad no pueden, o no quieren realizar.
¿Por qué tanta indignación?
Desde las épocas del finado Fernando Gutiérrez Barrios en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, se hablaba de que esa dependencia era un brazo operativo de la CIA, y que el director y hasta el mismo ex Presidente Luis Echeverría, cuando fue Secretario de Gobernación, eran agentes al servicio de la inteligencia estadounidense.
Y no sólo la CIA; la DEA ha operado en nuestro territorio, como fue el caso del agente Enrique Camarena, asesinado en suelo mexicano.
También se ha mencionado que gracias a información de la CIA se logró la captura de Nemesio Oceguera, “El Mencho”, líder supremo del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien resultó muerto en el operativo.
Es de suponer que la CIA también tuvo participación en las recientes operaciones que culminaron en la detención de dos figuras clave de ese cártel: el sucesor de «El Mencho», conocido como «El Jardinero», apodo ganado por sembrar terror y muerte en los territorios que controlaba, y el responsable de las finanzas de la organización, apodado «El Güero Conta», operador financiero del grupo criminal.
El debate, en el fondo, no es nuevo ni sencillo.
La pregunta que persiste es incómoda; ¿las instituciones mexicanas no pueden, o no quieren, desarticular estas redes?
La soberanía es un principio irrenunciable, pero también lo es la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos.
Mientras esa contradicción no se resuelva con hechos y no con discursos, la presencia extranjera en territorio nacional seguirá siendo, para muchos, un mal menor.
